La inversión millonaria atenderá 22 proyectos urgentes que garanticen el derecho humano al agua en Chiapas
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Abrir la llave y que salga agua parece un acto simple, pero en muchas comunidades de Chiapas, esto es todavía un lujo o un proyecto a medio terminar. Tras años de rezago, la infraestructura hídrica del estado intenta ponerse al día bajo la presión de recomendaciones de derechos humanos y la urgencia de municipios que ya no pueden esperar más.
La crisis no se limita a la falta de tuberías; el problema de fondo es estructural y técnico. Actualmente, la gran mayoría de las alcaldías chiapanecas carecen de la capacidad para diseñar sus propios proyectos ejecutivos, lo que las deja en un estado de vulnerabilidad y dependencia absoluta del financiamiento y la asesoría federal.
Marcela Lilian Severiano, representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reconoce que, sin el respaldo de la federación, las administraciones locales están prácticamente atadas de manos para modernizar sus sistemas de distribución y saneamiento. Esta carencia de dependencias locales capaces de elaborar estudios técnicos ha convertido al programa Proagua en la única balsa de salvamento para la entidad.
“Uno de los temas importantes que se puede ver en el estado es que no hay alguna dependencia que pueda directamente elaborar proyectos ejecutivos, entonces como la única vía es a través del PROAGUA, entonces es por eso que atendemos infraestructura”, explicó Severiano.
Esa dependencia técnica ha hecho que obras como la de Frontera Corozal o la planta de tratamiento en tzimol necesaria para detener la contaminación del río San Vicente sean vistas como “emblemáticas” simplemente porque antes no existían. La falta de infraestructura básica ha sido la norma, y ahora, la presión por cumplir con el mandato constitucional del acceso al agua ha comenzado a mover la maquinaria gubernamental en zonas críticas como Mitontic.
Según la funcionaria, la estrategia actual responde a una línea directa del Ejecutivo Federal: priorizar el acceso al líquido como una garantía fundamental antes que como un servicio administrativo. “En atención a los lineamientos que nos ha marcado la presidenta, que es primero atender el derecho humano al agua… esta obra ya se inauguró a principios de año, pero también se hizo de manera conjunta con Gobierno del estado”, señaló respecto a los avances recientes.
El panorama para el presente año fiscal se define en una cifra: 324 millones de pesos. Este monto representa el esfuerzo conjunto entre la federación y el estado para tratar de cubrir una lista de 22 necesidades urgentes que han sido formalmente presentadas.
Aunque la cantidad parece robusta, debe repartirse entre comunidades indígenas con orografía compleja y zonas urbanas en crecimiento que arrastran décadas de desatención. El presupuesto se compone de la aportación federal y la contraparte estatal, bajo un esquema de subsidios que busca cerrar la brecha de desigualdad hídrica.
“Se mandaron dentro de las solicitudes 22, que más o menos ascienden a un promedio de 324 millones de pesos, ya con el ejercicio que aporta la federación y la contraparte del estado”, detalló Marcela Lilian Severiano.
La incertidumbre para los municipios solicitantes terminará este 30 de abril, fecha en la que se dará a conocer la respuesta oficial sobre la viabilidad y asignación de estos recursos. Para miles de chiapanecos, la resolución de este trámite burocrático tiene implicaciones vitales.
No se trata solo de “lineamientos” o “tecnicismos presupuestales”, sino de la posibilidad real de que el agua deje de ser una promesa recurrente en cada ciclo electoral para convertirse en una realidad cotidiana en las cocinas y baños de los hogares más necesitados del estado. La meta para 2026 es transformar la infraestructura para que el derecho al agua deje de ser un discurso y se convierta en un servicio digno y constante.
