Ni un peso más para “bots” ni pautas digitales, afirmó la diputada federal Nancy Olguín
PORTAVOZ/AGENCIAS
Con el fin de poner un freno al uso de recursos públicos por parte de políticos para promocionarse en redes sociales, la diputada del Partido Acción Nacional, Nancy Aracely Olguín Díaz, propuso una iniciativa de reforma al artículo 134 constitucional para poner reglas claras al uso de recursos públicos en el ecosistema digital.
Actualmente, el texto constitucional prohíbe la promoción personalizada, pero su redacción no contempla específicamente el complejo mundo de las redes sociales, aplicaciones móviles y sitios de Internet, indicó.
Dijo que mientras la ley tradicional vigila los espectaculares y los tiempos en radio y TV, el gasto en bots, pautas digitales y algoritmos ha crecido exponencialmente sin un control constitucional directo.
Y es que consideró que esta falta de precisión ha generado “criterios interpretativos dispares” que facilitan que muchos funcionarios utilicen estrategias de amplificación digital para posicionar su nombre o imagen con miras electorales, dificultando enormemente la labor de fiscalización de las autoridades.
La realidad tecnológica ha rebasado por completo nuestras leyes actuales, permitiendo que hoy en día existan vacíos legales donde el dinero de los ciudadanos termina financiando la imagen personal de funcionarios en redes sociales”, indicó.
Informó que su iniciativa tiene como finalidad el asegurar que la propaganda gubernamental sea siempre institucional y nunca un instrumento para aumentar la popularidad de un servidor público mediante algoritmos o pautas pagadas.
Con esta reforma, se busca que la neutralidad del Estado se mantenga intacta, sin importar qué tan rápido evolucione la tecnología o qué nueva plataforma se ponga de moda”.
Olguín Díaz aclaró que no se trata de una ley mordaza, dado que no busca limitar la libertad de expresión de los ciudadanos, de los periodistas ni de las plataformas digitales en su ámbito privado.
La restricción es exclusiva para el uso de recursos públicos; es decir, evitar que el erario se use para producir, difundir o posicionar contenidos que beneficien las aspiraciones políticas de un funcionario o de terceros. Se trata de proteger la equidad en la competencia democrática bajo un principio de interpretación evolutiva de nuestra Carta Magna”.
Aseguró que esta reforma no representa un gasto extra para el presupuesto nacional, debido a que no se están creando nuevas oficinas ni burocracia; simplemente se están fortaleciendo las facultades de vigilancia que ya tienen instituciones como el INE, el Tribunal Electoral y la Auditoría Superior de la Federación.
Dijo que al dotar de mayor claridad al mandato constitucional, se busca que estas autoridades tengan “dientes” para actuar ante el uso indebido de los entornos digitales, consolidando un sistema de comunicación social que sea honesto, transparente y, sobre todo, institucional.
“Lo que se quiere es cerrar la puerta a los “servidores públicos influencers” que operan en la sombra de la ambigüedad legal”, expresó la legisladora albiceleste.
