Factores económicos encabezan las causas de renuncia a la formación superior, dado que muchos jóvenes se ven obligados a trabajar
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Al registrar Chiapas la salida de cuatro mil 26 estudiantes de nivel superior durante el ciclo 2023-2024, la trayectoria educativa de miles de jóvenes se interrumpe en una etapa clave, con una tasa de deserción de 4.8 por ciento que supera el 3.6 por ciento observado en el periodo 2020-2021, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre una matrícula total de 83 mil 894 universitarios.
Al analizar las causas que empujan a los estudiantes fuera de las aulas, el factor económico aparece como uno de los más persistentes, en un contexto donde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló que más del 67 por ciento de la población joven en la comarcavive en condiciones de pobreza, lo que limita la continuidad educativa y obliga a priorizar ingresos inmediatos.
Al enfrentarse a la necesidad de incorporarse al mercado laboral, muchos jóvenes experimentan una tensión constante entre empleo y estudio, una condición que se agrava si se considera que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que cerca del 55 por ciento de los jóvenes ocupados en la entidad trabaja en condiciones de informalidad, lo que implica horarios extendidos y baja flexibilidad académica.
Al sumarse factores académicos y personales como bajo rendimiento, desmotivación, embarazo o violencia familiar, el abandono escolar adquiere una dimensión estructural, en un entorno donde la Secretaría de Educación ha documentado que solo el 24 por ciento de quienes ingresan a educación superior en la región logran concluir sus estudios en tiempo regular.
Al implementar estrategias como clases en línea, apoyos económicos y acompañamiento psicológico, universidades públicas buscan contener la deserción, aunque el reto persiste si se considera que el propio Inegi estima que más del 60 por ciento de los estudiantes en el estado enfrenta al menos una carencia social, lo que coloca a la permanencia universitaria como un desafío ligado a condiciones de vida más amplias.
