May Rosas
Petrona ya tiene ley
Hay momentos en que un nombre propio trasciende la desgracia individual para convertirse en un faro de cambio colectivo. Petrona es ahora ese nombre. La aprobación de la llamada “Ley Petrona, justicia para las mujeres” en Chiapas no representa un mero ajuste al Código Penal del Estado. Representa una fractura en una manera heredada de impartir justicia, una manera que durante décadas castigaba a la víctima por sobrevivir.
El caso que originó esta reforma resulta estremecedor en su crudeza. Una mujer, agredida en Tenejapa, municipio indígena de la zona Altos, defendió su vida y la de sus hijos. El desenlace dejó a su agresor sin vida. Antes de esta ley, la balanza judicial pesaba en contra de Petrona. Después de esta ley, la Fiscalía General del Estado, en voz de su titular Jorge Luis Llaven Abarca, ha dicho una frase que ninguna mujer violentada debería escuchar como excepción, salvo como regla: no está sola y la ley la respalda.
El fiscal general ha entendido algo fundamental. La legislación no puede mirar un hecho aislado, el instante de la agresión, sin entender el contexto de años de violencia. Por eso, al presentar la reforma en San Cristóbal de Las Casas, Llaven Abarca explicó que ya no basta con juzgar únicamente el hecho en sí. Ahora se analizará con perspectiva de género la historia completa de la mujer, los ciclos de violencia previos, el miedo instalado en los huesos. Si una mujer actuó en legítima defensa después de haber vivido violencia durante años, esa verdad debe pesar en la sentencia.
Lo notable de esta reforma es que nace desde el dolor concreto de una comunidad indígena. No es una ley redactada y pensada en escritorios de la capital. Esta ley se presentó en Tenejapa, con centenares de mujeres de ese municipio, y luego en San Cristóbal con mujeres de otros pueblos originarios. Las protagonistas de esta historia son mujeres que históricamente han enfrentado un doble silencio, el de su género y el de su origen étnico. Laura López Pérez, en representación de las mujeres de Tenejapa, lo expresó con claridad meridiana. Las mujeres indígenas no quieren vivir con miedo, sino con dignidad. Quieren ser escuchadas sin ser juzgadas. Quieren que su voz tenga valor y su vida sea respetada.
Esa exigencia de dignidad ha encontrado eco en el Gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar y en su fiscal general. El propio Llaven Abarca reconoció que en la historia de los pueblos no se respetaba la voz y capacidad de decidir de las mujeres. Ahora ese relato empieza a escribirse con otra tinta. Tenejapa ha hecho historia dos veces; una primera, quizás en sus orígenes ancestrales, y ahora nuevamente por una mujer cuyo nombre quedará grabado en los anales de la justicia chiapaneca.
Sin embargo, una ley por sí sola no cambia una cultura institucional. La parte más delicada del análisis radica en la aplicación efectiva. La Secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, lanzó una advertencia respetuosa pero necesaria hacia el Poder Judicial del Estado. Pidió que se juzgue con perspectiva de género. De lo contrario, la Ley Petrona correrá el riesgo de convertirse en un instrumento simbólico pero vacío. Las víctimas no necesitan símbolos. Necesitan que un juez, al evaluar su caso, sea capaz de entender por qué una mujer que ha recibido golpes durante años puede llegar a un límite donde defenderse es el único acto de vida posible.
La Fiscalía ha asumido su parte del compromiso. Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado FGE Chiapas, recordó un dato escalofriante. De no haber actuado, Petrona podría convertirse en una víctima de feminicidio. Esa es la delgada línea que separa a la justicia de la estadística macabra. La ley ahora intenta que las mujeres no tengan que llegar al extremo de matar para demostrar que temían por su vida. Sin embargo, la prevención sigue siendo una asignatura pendiente. Gómez Casanova lo reconoció al señalar la urgencia de seguir trabajando para prevenir la violencia de género tanto en el ámbito doméstico como fuera de él.
El presidente municipal de Tenejapa, Roberto Girón Luna, agradeció al gobernador y al fiscal por velar por la impartición de justicia. Su agradecimiento es legítimo, pero conviene no perder perspectiva. La violencia contra las mujeres en las regiones indígenas de Chiapas no desaparecerá por decreto. La ley Petrona es una herramienta, una potente, pero aún falta construir los caminos para que las mujeres sepan que pueden denunciar sin ser revictimizadas; por ello, la importancia de denunciar desde el primer brote de violencia y desde las edades tempranas. Ese es el verdadero parteaguas. Una ley que castiga con perspectiva de género es necesaria, pero una sociedad que educa a sus niños varones para no ejercer violencia y a sus niñas para que alcen la voz antes de que todo escale a sangre es la meta final.
Petrona ya no está sola. Su respaldo es legal y también simbólico. La fiscalía ha anunciado que revisará otros casos similares, no para abrir heridas por deporte, más bien para reparar lo que una justicia ciega dejó mal cerrado. Ese gesto de mirar hacia atrás con nuevos ojos es el que distingue a una administración progresista de una meramente reactiva.
Es la primera vez que una mujer que se defiende de su agresor, queda en libertad y su nombre inspira una ley. Chiapas ha dado un paso adelante en materia de justicia de género. La siguiente medida pertenece a los jueces, a los ministerios públicos, a los policías municipales que reciben la primera denuncia, a las madres que enseñan a sus hijas que el miedo no debe gobernar sus vidas. La ley Petrona es el marco. La dignidad cotidiana será el verdadero monumento.
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