El alcance de becas, pensiones y apoyos productivos ha transformado la dinámica familiar en Chiapas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Los programas sociales surgieron como una estrategia gubernamental con la finalidad de reducir la pobreza, migración y la vulnerabilidad de los sectores más marginados. Sin embargo, la dependencia que tiene la población sobre este tipo de iniciativas habla sobre las deficiencias que experimentan 3.3 millones de chiapanecos y las áreas de oportunidad que tiene Chiapas para reducir el rezago social en la que se encuentra sumida.
Distintos frentes sociales como lo son los adultos mayores, personas con discapacidad, becas estudiantiles, entre otros sectores reciben apoyos millonarios, mismo dinero que es implementado para solventar gastos cotidianos que la estructura gubernamental debería sostener y ofertar a la población chiapaneca.
Durante este 2026 se ha contabilizado 3.3 millones de personas que se ven beneficiadas con cada uno de los programas sociales, siendo las áreas de salud, educación y bienestar las que acapararon la mayor captación de fondos. Por lo tanto, temas como la falta de medicamentos, el rezago educativo y la deserción escolar son atacados desde su causa para mejorar la calidad de vida y de oportunidades para la ciudadanía.
La viabilidad de los programas sociales se encuentra en el universo de personas que sufren de carencia sociales. Dependiendo de las necesidades que tenga la sociedad, se trazan objetivos y se especifican los medios implementados para obtener resultados tangibles. Proyectos como la beca Gertrudis Bocanegra y la pensión para adultos mayores han sido aprovechados por la sociedad, sin embargo, al ser iniciativas con filtros muy flexibles, muchos sectores sociales que no experimentan un rezago económico, se adjudican los apoyos e implementan el dinero en otro tipo de necesidades.
Esto último, demuestra que, la dinámica social ha normalizado la dependencia y la mala ejecución de los subsidios federales, que en muchos casos lejos de combatir la precariedad, termina por asentarla y consolida una estructura en la que el bienestar familiar se liga más a la transferencia directa de recursos en vez de generar y aprovechar oportunidades para revertir la pobreza de una región.
