Influyen fallas estructurales como insuficiente capacitación y el corto tiempo de adaptación a las nuevas reglas
PORTAVOZ/AGENCIAS
México endureció su estrategia de combate financiero bajo una creciente presión, en particular de Estados Unidos, que impulsa un mayor control sobre las operaciones vinculadas al lavado de dinero. Sin embargo, la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expone que el avance normativo no se traduce en una capacidad plena de aplicación, debido a las fallas estructurales que limitan los resultados.
Durante su visita al país, los expertos del GAFI recibieron información sobre debilidades jurídicas y una serie de obstáculos operativos que impiden el cumplimiento integral de sus recomendaciones. Entre ellos destacan la falta de recursos, la insuficiente capacitación y el corto tiempo de adaptación a las reglas que entraron en vigor en julio de 2025, además de la emisión de nuevos lineamientos en marzo pasado, factores que mantienen al sistema en una fase de ajuste.
Como parte de la Evaluación Mutua, realizada durante tres semanas de marzo, la delegación del organismo internacional analizó el funcionamiento del sistema mexicano para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. En ese proceso, sostuvo reuniones con autoridades, legisladores, empresas y litigantes, donde se reiteraron las tensiones entre el reforzamiento del marco legal y las limitaciones prácticas para su implementación efectiva.
José Zapata, coordinador de la Comisión sobre Lavado de Dinero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), planteó ante la delegación del GAFI que las empresas enfrentan falta de recursos suficientes para cumplir las leyes y medidas antilavado.
“Las empresas enfrentan el reto de que no tienen recursos ni acceso a medidas para poder cumplir. (…) Todavía nos faltan reglas más claras y una forma de que sea más accesible cumplirlas”, planteó el especialista.
Las medianas empresas, sujetas obligadas de las nuevas leyes antilavado, resultan las más afectadas por la cantidad de requisitos que deben cumplir, sin apoyo financiero ni personal capacitado.
“Las empresas grandes o las instituciones bancarias cuentan con recursos para poder dar cumplimiento a esas obligaciones”, dijo ante la GAFI.
Las empresas están obligadas a cumplir la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cuyas reformas entraron en vigor en julio de 2025.
La legislación exige a las empresas verificar la identidad de sus clientes, sobre todo cuando realizan transacciones que superan los montos establecidos por la ley; también obliga a reportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las operaciones consideradas vulnerables, resguardar información y capacitar al personal encargado de realizar esa identificación de clientes.
Sin embargo, esas obligaciones requieren inversiones que no todas las empresas pueden asumir. Esa situación las coloca en condición vulnerable, puesto que pueden enfrentar señalamientos de incumplimiento y sanciones.
Ahora “las empresas deben tener mayor cuidado en la verificación del origen de los recursos, dado que las autoridades emitirán sanciones administrativas y penales”, alertó Ulises Moreno, de la firma de abogados Pérez Correa González (PCG), al recordar que se endurecerán más las sanciones aplicables al sector privado.
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “una de cada tres sanciones impuestas por la institución está relacionada con fallas en los controles de prevención de lavado de dinero o con la detección de conductas ilícitas”.
Eso es resultado de que México se alineó con los estándares internacionales promovidos por el GAFI, pero también de “presiones geopolíticas, particularmente de Estados Unidos, que impulsan un mayor control sobre las operaciones financieras”.
Para Mario Di Costanzo, analista y experto en lavado de dinero, la inversión que requiere el país para combatir ese delito no solo corresponde a la iniciativa privada en capacitación y tecnología, sino principalmente al Gobierno.
“Desgraciadamente no se ha invertido en el capital humano, en policías financieras. Por ejemplo, en Italia hay una policía militar financiera y en muchos países las hay, aquí no”, comentó.
Ese tipo de cuerpos policiales especializados aplica lo que hace Estados Unidos: “follow the money”, es decir, seguir el rastro del dinero hasta llegar a los criminales.
“No basta una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque esta recibe reportes de operaciones y los analiza. Se requiere una policía de investigación financiera”, dijo el analista y señaló que la Unidad presuntamente se utiliza para acusar o para “inventar cargos” a la oposición y no para perseguir actividades criminales.
Este panorama es el que, en su caso, GAFI deberá evaluar con el fin de que sus recomendaciones se hagan efectivas para combatir el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros delitos, considera.
LAS NUEVAS REGLAS DE COMBATE
De forma coincidente con la visita de los expertos del GAFI a México, entraron en vigor las nuevas reglas.
El 27 de marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Este reglamento actualizó las normas vigentes desde 2013 e incorporó, en un capítulo sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP), la obligación de las autoridades de emitir un listado y la forma en que los sujetos obligados deberán consultarlo para identificar y, en su caso, reportar operaciones.
También en 2025 se decidió crear la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas de la UIF para coadyuvar en las tareas de combate al lavado de dinero.
En el marco de la visita del GAFI, el 16 de marzo de 2026, la UIF y la CNBV suscribieron un Convenio de Colaboración para fortalecer la prevención de lavado de dinero en México.
Sin embargo, para Di Costanzo, todo este marco jurídico y las nuevas reglas resultan insuficientes.
“Es de esperarse una valoración crítica de GAFI sobre la situación mexicana, aunque no una mala evaluación”, comentó.
Consideró que el problema radica en que México acató las recomendaciones y adecuó su marco jurídico, pero, aunque detecta y reporta riesgos o actividades sospechosas de lavado de dinero, no logra que eso tenga consecuencias.
“Los datos que se tienen son que en México de cada 100 personas que son acusadas de lavado de dinero, menos del uno por ciento es consignada”, afirmó al retomar los índices de impunidad.
“La mayoría de los informes que da el Gobierno y la propia Secretaría de Hacienda omiten un elemento fundamental: podrán reportar operaciones vulnerables, pero casi no se habla de aseguramiento de cuentas bancarias, de activos, congelamiento de cuentas de tantas empresas o personas o de que pisen la cárcel”, agregó.
En México prácticamente no tenemos delincuentes, grandes capos consignados por lavado de dinero. Puede ser por venta de estupefacientes, por delincuencia organizada, por extorsión, pero nunca por lavado de dinero”, Mario Di Costanzo, analista y experto en lavado de dinero.
La muestra más clara, señala, es que, aunque a mediados de 2025 el Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, de manera “sigilosa” las autoridades procedieron a revocar licencias y liquidar las instituciones, pero nada se sabe de los responsables del lavado.
Por otro lado, agregó, los bancos “sí están detectando y sí reportan las operaciones, o sea, no es una falla de control de los bancos. Pero, cuando se reportan estas alertas, no hay un seguimiento de parte de la autoridad, como si el lavado de dinero se combatiera mandando reportes. Ahí queda todo y es donde debería iniciar”, agregó.
Además, advierte otra problemática: la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que se permitirá el congelamiento de las cuentas sin orden judicial. En este sentido, advirtió que eso no abona a la certeza que –destacó– debiera existir en el combate al lavado de dinero.
“Este tema del bloqueo de cuentas sin previa autorización de un juez es un exceso y no es parte de las recomendaciones de GAFI. Sí lo son detectar movimientos sospechosos, combatirlos, pero el objetivo es desactivar grupos criminales que así mueven dinero ilegal, financian actividades ilícitas. El objetivo no es bloquear por bloquear”, mencionó Di Costanzo.
Zapata, de la BMA, también señaló que ese tipo de decisiones del Poder Judicial no generan confianza en que se combate con efectividad el delito de lavado y, por el contrario, representan un “mal mensaje”.
“Ese tipo de decisiones: me bloqueas y después averiguas, alejan la posibilidad de un combate efectivo al crimen. Ese tipo de cosas es algo que seguramente se va a ver reflejado cuando la GAFI emita el resultado de su evaluación a México”, consideró y puso en entredicho el respeto a las garantías y al Estado de derecho.
