El caso de Tenejapa reabrió cuestionamientos sobre la autonomía indígena y el control real que las comunidades
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) comenzó a generar tensión en distintas regiones de Chiapas, donde autoridades comunitarias y defensores indígenas señalaron posibles prácticas de control político sobre recursos que, por ley, deben ser administrados por los pueblos originarios.
Las críticas se mantuvieron en la intervención de ayuntamientos y actores institucionales dentro de un esquema diseñado para reducir intermediarios gubernamentales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la comarca tiene más de 1.7 millones de personas indígenas, la población más grande del país bajo esta condición cultural y lingüística, lo que convierte al FAISPIAM en uno de los instrumentos financieros de mayor impacto social dentro del territorio chiapaneco.
El debate también exhibió vacíos administrativos que afectaron el reconocimiento formal de comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Registros oficiales del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas contabilizaron más de seis mil localidades indígenas en Chiapas, aunque una parte importante enfrenta problemas de acreditación jurídica y acceso directo a mecanismos presupuestales.
Las observaciones sobre el municipio de Tenejapa reactivaron cuestionamientos sobre la distribución real de los recursos y el papel que desempeñan los gobiernos municipales en decisiones comunitarias. Datos de la Secretaría de Finanzas estatal posicionaron a Tenejapa entre los municipios con mayor porcentaje de población indígena en la región, al superar el 98 por ciento de habitantes que provienen de pueblos originarios.
La discusión alrededor del FAISPIAM interviene en la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas. Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indicarion que más del 75 por ciento de la población indígena en la entidad vive en condiciones de pobreza, un contexto que vuelve todavía más sensible cualquier señalamiento relacionado con posibles irregularidades en el destino de fondos públicos comunitarios.
