May Rosas
La paridad de género en Chiapas: Una obligación que puede convertirse en oportunidad
El anuncio que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hizo desde Cacahoatán tiene algo de esas noticias que primero provocan un leve escozor en la nuca de los políticos tradicionales y después, al cabo de unos segundos, desatan una conversación incómoda en las cocinas de los poderes fácticos. La propuesta es clara y tiene la contundencia de un golpe sobre la mesa en los municipios que hoy son gobernados por hombres, como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán, deberán postular mujeres de manera obligatoria en las elecciones de 2027. Dicho así, en voz alta y sin rodeos, el mandatario estatal logró algo que pocos discursos de género consiguen, como generar una reacción inmediata, esa mezcla de sorpresa, incomodidad y, hay que decirlo, una pizca de diversión al imaginar a los líderes partidistas haciendo malabares para cumplir con la norma sin que sus estructuras patriarcales terminen por colapsar.
Lo valioso de la declaración de Ramírez Aguilar reside en que no se queda en la vaguedad de las buenas intenciones, ese terreno pantanoso donde tantas iniciativas de paridad han muerto ahogadas por la retórica. El gobernador reconoció una verdad incómoda que las estadísticas esconden detrás de porcentajes maquillados históricamente, los partidos han postulado mujeres en aquellos municipios donde la posibilidad de ganar se parece a la de encontrar un billete de lotería en la calle, una posibilidad remota que alimenta la ilusión sin modificar el poder real. Al plantear que la participación femenina debe garantizarse en los territorios más disputados, el mandatario está cambiando las reglas del juego, esa vieja partida de ajedrez donde a las mujeres se les asignaban las fichas de menor valor mientras los hombres movían las reinas y los reyes con toda la libertad del mundo.
La frase que resume con precisión quirúrgica este problema es aquella donde el gobernador afirma que el punto de partida ya está garantizado, pero el punto de llegada sigue siendo una asignatura pendiente. Y tiene toda la razón porque en Chiapas, como en el resto del país, las cuotas de género han servido para que las mujeres desfilen por las boletas electorales, pero una vez que se apagan las cámaras y se cuentan los votos, los gobiernos municipales siguen siendo un club de caballeros con contadas excepciones que confirman la regla. Obligar a los partidos a postular mujeres en Tuxtla, Tapachula o Comitán es una medida que incomoda a quienes han construido su carrera política en la certeza de que esos bastiones les pertenecen por derecho de herencia o de complicidad.
El humor involuntario de esta situación radica en observar cómo los partidos políticos, esos mismos que durante décadas han usado el discurso de la igualdad como un adorno en sus campañas, tendrán ahora que buscar candidatas competitivas en los municipios donde más les duele perder. Es como pedirle a un pastelero que solo use azúcar en los pasteles que no piensa hornear, y de repente decirle que el pastel principal debe endulzarse con el mismo ingrediente. Los resultados pueden ser maravillosos o catastróficos, dependiendo de la habilidad del pastelero. La ciudadanía observará con atención y con una legítima dosis de escepticismo si esta obligación se traduce en figuras femeninas con poder real, o si los partidos recurren a ese viejo truco de postular a mujeres sin experiencia, sin recursos y sin respaldo, para luego señalar que la medida fracasó porque las mujeres no estaban preparadas, una falacia tan vieja como el propio patriarcado.
La meta que plantea Ramírez Aguilar de que más del 50 por ciento de los municipios chiapanecos sean gobernados por mujeres es ambiciosa y hasta cierto punto provocadora, porque pone el dedo en la llaga de una discusión que muchos preferían aplazar. La capacidad, honestidad y compromiso de las mujeres no están en duda, lo que está en duda es la voluntad de los sistemas políticos para soltar el poder. Las mujeres chiapanecas han gobernado ayuntamientos pequeños con recursos limitados y en condiciones adversas, y los resultados muchas veces han superado a los de sus colegas varones, precisamente porque han tenido que demostrar constantemente su valía mientras los hombres gobernaban con la soberbia de quien cree que el cargo le pertenece por naturaleza.
El verdadero desafío será evitar que esta obligación se convierta en una simulación perfecta, un teatro democrático donde las candidatas lleguen a los ayuntamientos importantes, pero terminen siendo títeres de los caciques locales, algo así como poner una flor sobre una mesa manchada; la flor es hermosa, pero la mancha sigue ahí y tarde o temprano todo el mundo vuelve a mirar el desorden. La participación femenina no puede reducirse a cumplir un requisito legal, necesita ir acompañada de condiciones reales de autonomía financiera, de formación política continua y de mecanismos que impidan el acoso político contra las mujeres, ese monstruo silencioso que ha devorado tantas carreras prometedoras en los últimos años.
La declaración del gobernador es una apuesta valiente que merece reconocimiento, aunque el reconocimiento más sincero llegará en 2027, cuando veamos si en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán gobiernan mujeres con poder real o con poderes recortados. Mientras tanto, los chiapanecos podemos disfrutar de ese espectáculo fascinante que es ver a los partidos políticos retorciéndose para cumplir con la ley mientras intentan convencernos de que siempre estuvieron a favor de la igualdad. La política tiene esos momentos de ironía maravillosa, y este es uno de ellos. Ojalá que al final del camino, las mujeres no solo ocupen los cargos, sino que los ejerzan con la libertad y la fuerza que merecen, y que los hombres que hoy se incomodan con esta medida terminen entendiendo que gobernar bien no tiene género, tiene carácter.
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