Uno de los puntos centrales de la denuncia es la falta de clasificación adecuada de los delitos
Argenis Esquipulas/PORTAVOZ
En el marco del Día Internacional contra la LGBTfobia, organizaciones civiles alzaron la voz para denunciar el asesinato cruel del estilista Sergio Loranca en el municipio de Tapachula, Chiapas, ocurrido el fin de semana dentro de su propio negocio. La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual y la agrupación Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA calificaron el hecho como un crimen de odio por homofobia, exigieron al fiscal general del estado investigar con perspectiva LGBTI y revelaron que en lo que va del año suman al menos 12 víctimas entre asesinatos y desapariciones en Chiapas.
El silencio de la madrugada del domingo fue roto por un hallazgo macabro en la quinta poniente entre 14 y 16 norte, en pleno corazón de Tapachula, ahí, dentro de su propia estética, un negocio que había construido con esfuerzo durante años, fue encontrado sin vida Sergio Loranca, estilista de oficio y miembro visible de la comunidad LGBTI de la ciudad.
De acuerdo con los primeros reportes de la familia, el cuerpo presentaba signos de violencia extrema: golpes contundentes, cortes profundos y huellas de tortura que, según activistas, no pueden catalogarse como parte de un simple robo o un crimen pasional. El local, además, había sido saqueado: le vaciaron herramientas de trabajo, equipos de estética y objetos personales.
La madre de Sergio, quien interpuso la denuncia ante la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado en Tapachula, se encuentra “desecha”, según describió Rosenberg López Amayoa, presidente de la organización Una Mano Amiga en la lucha contra el GIDA. “Hace apenas dos horas fue sepultado nuestro compañero. La familia no se siente capaz de dar declaraciones por el dolor. Por eso nos autorizaron a nosotros dar esta rueda de prensa”, declaró el activista en conferencia.
El principal reclamo de las organizaciones es que la Fiscalía General del Estado (FGE) no catalogue este homicidio como un delito común o pasional, sino como un crimen de odio por LGBTfobia.
“Cuando hay violencia, cuando hay crueldad, cuando hay tortura, eso no puede decirse que es un crimen pasional, mucho menos un crimen accidental. Esto se llama crimen de odio por homofobia, por lesbofobia, por transfobia”, enfatizó López Amayoa.
El activista recordó que existen protocolos homologados para investigar delitos cometidos contra personas de la diversidad sexual, sin embargo, denunció que “muchas veces la propia Fiscalía los desconoce o, sabiéndolos, los omite”. Por ello, exigió al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, que se realice una investigación exhaustiva, imparcial y pronta, aplicando dichos protocolos y evitando la revictimización de los familiares.
Además, se hizo un llamado directo a Óscar Alberto Aparicio Avendaño, responsable de la seguridad estatal, y al licenciado Miguel Ángel Sánchez Miranda, encargado del C-5, para que entreguen de inmediato los videos de las cámaras de vigilancia ubicadas en la esquina donde ocurrieron los hechos. “Ahí hay cámaras. Eso puede ayudar mucho a la investigación. También hubo personas que estuvieron con él antes del crimen; deben llamarlas a declarar”, puntualizó López.
El caso de Sergio Loranca no es un hecho aislado. Durante la conferencia, el activista reveló una tendencia que encendió las alertas: en menos de 40 días han ocurrido dos crímenes con características similares en Tapachula, lo que hace pensar en un posible patrón de violencia homofóbica.
“Hace más de 10 años tuvimos una ola de violencia contra la población LGBTI. En aquel entonces, las autoridades tomaron medidas adecuadas, hubo protocolos de seguridad, instancias sensibilizadas y los casos disminuyeron, pero hoy en día vuelven otra vez”, lamentó.
De acuerdo con el monitoreo propio de Una Mano Amiga, entre enero y mayo de 2026 se han contabilizado entre 10 y 12 personas víctimas de violencia letal o desaparición en todo el estado de Chiapas. En Tapachula, la cifra asciende a seis casos: tres asesinatos consumados y tres personas desaparecidas de las cuales no se tiene información oficial.
“De esos seis casos, tres han sido asesinadas y tres siguen desaparecidas, no hay ninguna información de las autoridades sobre qué están haciendo”, denunció López.
El activista subrayó que muchas familias no dan seguimiento a las carpetas de investigación por miedo, desconfianza o falta de recursos, lo que favorece la impunidad, “La realidad es que la población LGBTI seguimos sufriendo violencia, vejaciones y sobre todo nos siguen matando. Esto debe parar”, sentenció.
EL CONTEXTO ESTATAL: DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA EN CHIAPAS
El pasado 17 de mayo, en Tuxtla Gutiérrez, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, diversas organizaciones ya habían alertado sobre la situación que enfrenta la comunidad LGBTI en Chiapas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 215 mil 448 personas en la entidad, es decir, el 5.4 por ciento de la población, se identifica como parte de la diversidad sexual y de género; nivel nacional, la cifra asciende a aproximadamente cinco millones de personas, sin embargo, esta presencia significativa contrasta con condiciones adversas.
Organizaciones civiles han documentado que la discriminación persiste en ámbitos laborales, educativos y familiares, especialmente en zonas rurales o con sistemas normativos tradicionales; en comunidades indígenas, muchos integrantes de la comunidad LGBTI se ven obligados a migrar para poder vivir con libertad su orientación sexual o identidad de género.
En 2025, la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual documentó al menos cuatro agresiones contra personas trans en Chiapas. Y apenas en abril de 2026, es decir, hace menos de un mes, ocurrió un caso que conmocionó a la opinión pública: Noé Alejandro López Martínez, integrante de la comunidad LGBTI y ganador de un certamen nacional, fue asesinado a tiros en el municipio de Cintalapa. Colectivos calificaron el hecho como un posible crimen de odio y exigieron justicia, pero hasta el momento no ha habido avances sustanciales.
La organización Una Mano Amiga señaló que solo una parte de los casos de violencia es denunciada debido al miedo, la desconfianza en las autoridades y la falta de mecanismos efectivos de protección, esto genera que muchos crímenes queden en la impunidad, sin que el estado asuma su responsabilidad.
EXIGENCIAS CONCRETAS A LAS AUTORIDADES
Ante este panorama, Rosenberg López Amayoa enumeró una serie de demandas dirigidas a los tres órdenes de Gobierno:
1. Al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca: Que investigue de manera pronta y expedita el crimen de Sergio Loranca y los demás casos, aplicando los protocolos homologados para crímenes de odio por LGBTfobia, y que evite la revictimización de las familias.
2. Al C-5 y a los responsables de seguridad estatal: Que entreguen los videos de las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona del crimen y que colaboren activamente con la fiscalía.
3. A las comisiones estatal y nacional de derechos humanos: Que intervengan para garantizar el acceso a la justicia y documentar la presunta negligencia de las autoridades.
4. Al Gobierno del estado: Que implemente políticas públicas efectivas para la prevención y atención de la violencia contra la comunidad LGBTI, incluyendo campañas de sensibilización social, educación en derechos humanos y protocolos de seguridad en municipios con alta incidencia, como Tapachula.
“No queremos más crímenes de odio. Queremos seguridad, queremos paz, no queremos seguir siendo desaparecidos ni asesinados. El 17 de mayo debe ser un día para tomar conciencia, no para seguir contando víctimas”, concluyó el activista.
LA URGENCIA DE UN MARCO JURÍDICO CLARO
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la falta de clasificación adecuada de los delitos; en Chiapas, como en muchas otras entidades, los crímenes cometidos contra personas LGBTI suelen ser tipificados como “homicidios comunes” o “crímenes pasionales”, lo que invisibiliza la motivación de odio y reduce las penas o las posibilidades de investigación a fondo.
“Tenemos marcos jurídicos claros, pero muchas veces los procesos de investigación se quedan impunes porque no se catalogan como crímenes de odio por LGBTfobia. Existen protocolos que indican cuándo un crimen debe considerarse de odio por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, eso debe aplicarse”, insistió López.
La exigencia no es menor, en México, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales cuentan con el Protocolo Nacional de Actuación para el Ministerio Público en la Investigación de Delitos cometidos por Razones de Orientación Sexual o Identidad de Género, sin embargo, activistas denuncian que su aplicación es irregular y que en la mayoría de los casos se omite.
VOZ DE LA RED POR LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
En entrevista por separado, integrantes de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual respaldaron la denuncia de Una Mano Amiga y agregaron que Tapachula se ha convertido en un punto crítico de violencia homofóbica, agravada por el contexto migratorio de la frontera sur.
“En las rutas migratorias, las personas LGBTI son doblemente vulnerables: por su condición migratoria y por su orientación sexual o identidad de género. Muchas sufren agresiones, extorsiones y hasta asesinatos. Las autoridades locales no tienen capacidad ni voluntad para atender esta realidad”, señaló una vocera que pidió mantener su nombre en reserva.
La Red también documentó que, en lo que va de 2026, han recibido reportes de al menos cuatro desapariciones de personas LGBTI en la región del Soconusco, sin que ninguna haya sido localizada con vida.
La conferencia de prensa concluyó con un mensaje dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación: “Si no se alza la voz, esto siempre queda en carpetazo y no le dan seguimiento. Sabemos que hay muchos casos en Tapachula y en Chiapas, nos preocupa que no se esté haciendo nada”.
Rosenberg López Amayoa recordó que, hace una década, la presión social y mediática logró que las autoridades implementaran medidas que redujeron los crímenes de odio, “hoy volvemos a estar en el mismo punto. No podemos permitir que el retroceso nos devore. Exigimos justicia para Sergio, para Noé Alejandro y para todas las víctimas invisibles”.
Mientras tanto, la familia de Sergio Loranca espera respuestas. La estética en la quinta poniente permanece cerrada, con la puerta metálica manchada por el levantamiento de evidencias. En el marco de este 17 de mayo, día de lucha contra la LGBTfobia, las organizaciones dejaron claro un mensaje: no habrá silencio mientras sigan matando a los suyos.
