El conflicto agrario en Chilón volvió a colocar bajo presión a comunidades que desde hace años enfrentan desplazamientos y disputas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La vinculación a proceso de nueve indígenas tseltales de la comunidad de Jotolá, en el municipio de Chilón, ocasionóuna disputa territorial que desde hace años mantiene dividido al norte de Chiapas, debido a que integrantes del Congreso Nacional Indígena explicaron que las denuncias impulsadas tras el conflicto con la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) forman parte de una estrategia para desgastar la resistencia comunitaria y debilitar la defensa colectiva de la tierra mediante procesos judiciales prolongados.
El conflicto entre ambas organizaciones acentúa que la Región Selva posee altos índices de conflictos agrarios y comunitarios, donde factores como la desigualdad, la lucha por el control político y falta de mecanismos de conciliación entre organizaciones comunitarias y autoridades agravan los percances que poco a poco escalan en los niveles de violencia, siendo Chilón una de las demarcaciones territoriales con mayor presencia de persona que hablan algún tipo de lengua originaria, aclaró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La tenencia de tierras en localidades donde la pobreza extrema es cotidiana como lo indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hace de ello, el único recurso que las familias poseen para poder subsistir, por lo tanto, ya no solo se ven involucrados intereses económicos y políticos, sino se habla de supervivencia de varias generaciones de indígenas tseltales.
Mientras tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, argumentó que las autoridades indígenas perpetraron falsas acusaciones y que de los nueve afectados solo uno se encuentra en prisión, otro más acude a firmar y el resto se encuentra expuesto a una posible detención, lo que intensifica más el discurso sobre la criminalización de inocentes y la nula atención a los casos de desplazamiento forzado que se han suscitado en la zona Selva.
Las medidas cautelares impuestas a otros integrantes del grupo mantienen encendida la tensión en Jotolá, debido a que organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos denunciaron que el proceso judicial podría profundizar la fractura social en una región que concentra más de un millón 400 mil indígenas conforme a lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que hasta la fecha siguen sin erradicar las disputas, los desplazamientos y la criminalización.
