El Frayba acusó al Instituto Nacional de Migración de bloquear el paso y detener por la fuerza a extranjeros
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Pese a que el flujo migrante en Chiapas ha descendido los últimos años, las caravanas son un fenómeno que prevalece como un método de supervivencia ante los múltiples riesgos que existen en el trayecto a cumplir el sueño americano; casos recientes como el de Tapachula, donde alrededor de 80 personas en situación de movilidad fueron contenidas y algunos detenidos por las autoridades migratorias, exponen la crisis humanitaria, administrativa y la opresión que estos sectores vulnerables experimentan.
La caravana que intentó salir desde Tapachula se encontraba conformada por infantes, adultos y personas de la tercera edad, la mayoría de ellos originarios de países de Centroamérica y quienes depositaron sus esperanzas en la migración para aspirar a una mejor condición de vida y huir de la violencia que prevalece en sus ciudades natales; el rezago de procesos para otorgar visas humanitarias es una de las áreas de oportunidad más significativas que tiene el Gobierno federal y estatal, al contabilizar 140 mil solicitudes de asilo en Tapachula en los últimos cuatro años, mencionó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
La denuncia realizada por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova también cuestionó la estrategia de contención aplicada sobre la carretera costera, en particular en una región donde la Unidad de Política Migratoria documentó más de 300 mil eventos de personas en situación migratoria irregular detectadas en la comarca durante los últimos años, panorama que mantiene operativos constantes sobre rutas utilizadas por caravanas y grupos en tránsito.
La permanencia prolongada de personas migrantes en la frontera sur comenzó además a transformar la dinámica social y económica de ciudades como Tapachula, porque datos oficiales de autoridades migratorias contabilizaron miles de menores migrantes detectados al año en territorio chiapaneco, situación que incrementó la presión sobre albergues, servicios médicos y espacios de asistencia humanitaria en municipios fronterizos.
La exigencia de organismos defensores de derechos humanos para detener operativos de hostigamiento y garantizar procesos de refugio accesibles ocurrió mientras la entidad concentró más del 60 por ciento de las solicitudes de refugio registradas en México durante distintos periodos, de acuerdo con estadísticas de la COMAR, escenario que mantiene a miles de personas atrapadas entre trámites lentos e incertidumbre jurídica.
