En la comarca, tienen un impacto directo en familias que enfrentan altos niveles de pobreza y dependen de estos recursos para su bienestar
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La permanencia de los programas sociales dentro de la Constitución Mexicana continúa siendo desconocida para una parte importante de la población chiapaneca, situación que mantiene la percepción de que estos apoyos dependen de partidos políticos o procesos electorales, pese a que hoy en día forman parte de derechos garantizados por el Estado y no pueden condicionarse a simpatías políticas o votos.
Las reformas constitucionales que incorporaron programas sociales a los artículos 4 y 27 buscan asegurar apoyos continuos para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, productores del campo y mujeres, estrategia que pretende evitar que los beneficios desaparezcan con los cambios de Gobierno o sean utilizados como herramientas de presión política durante temporadas electorales.
En Chiapas, gran parte de la población experimenta precariedad laboral y social, lo que acentúa la dependencia de programas sociales para la subsistencia de muchos núcleos familiares; la mayoría de los grupos vulnerables utilizan los recursos entregados por la federación para completar la adquisición de la canasta básica, solventar gastos en atención médica, invertir en educación y sostener sus actividades productivas, mismas que han fungido como el corazón de la economía chiapaneca durante décadas y que en la actualidad se encuentra en abandono ante la falta de servicios y oportunidades laborales.
La falta de información sobre el carácter constitucional de estos programas también muestra la distancia que existe entre las reformas legales y el conocimiento ciudadano, debido a que muchas personas asocian los apoyos con la simpatía por administraciones o partidos específicos, panorama pronunciado en una entidad donde más de un millón de personas reciben algún tipo de programa social vinculado a pensiones, becas o apoyos productivos.
Los diversos programas sociales se han instaurado como una política social que carga sobre sus hombros la estabilidad y supervivencia de miles de familias chiapanecas, siendo las comunidades rurales las que dependen más de estos recursos, ante un alza del mercado informal de 70 por ciento que limita el acceso a ingresos dignos y afianza la desigualdad en la comarca.
