Agrupaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que iglesias, ejidos y familias mantienen un papel clave frente a la crisis social
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La violencia en las regiones de la sierra y frontera de la entidad se ha extendido sin control, aunque las autoridades han ideado infinidad de estrategias para mitigar la presencia grupos delictivos en la zona, la realidad es que no han logrado los resultados deseados, ante ello, organizaciones civiles señalaron que muchas comunidades han optado por la organización autónoma, autogobierno y la defensa territorial como un método que fragmenta el olvido institucional que ha prevalecido por años en Chiapas.
La resistencia comunitaria se ha convertido en el único mecanismo de supervivencia que ha rendido frutos ante la impunidad y los fallidos intentos de restablecer la paz en territorios en disputa; solo a través de una corriente ideológica que antepone la preservación de la identidad, la convivencia y la planeación se ha logrado instaurar una estructura que hace frente a la presencia de células delictivas, conflictos agrarios y ha causado el desplazamiento de cientos de familias chiapanecas que han dejado el patrimonio que las llevó una vida construir por salvaguardar su integridad.
Durante los últimos años, la entidad reportó más de 16 mil personas en situación de movilidad forzada, debido al fenómeno de la violencia, situación que sería más compleja de reparar sin la intervención de organizaciones civiles, activistas, iglesias, ejidos, comunidades y redes familiares que han extendido su mano para crear mecanismos de apoyo y protección para las víctimas.
Dentro de las preocupaciones planteadas por colectivos también apareció la necesidad de fortalecer el trabajo con jóvenes e infancias para evitar que nuevas generaciones crezcan bajo normalización de la violencia, escenario que cobra importancia debido a que la comarca mantiene una de las poblaciones infantiles y juveniles más amplias del país, además de que más del 67 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza, situación que incrementa riesgos de exclusión y fragmentación social.
Las agrupaciones consideraron que la reconstrucción de la paz en la entidad requiere fortalecer la unidad comunitaria y garantizar derechos colectivos vinculados al territorio y la participación social, especialmente en una región donde más de 70 municipios registraron hechos relacionados con violencia armada, desplazamiento o conflictos sociales durante los últimos años, panorama que mantiene a comunidades rurales e indígenas en búsqueda de alternativas propias para recuperar tranquilidad y estabilidad.
