Por un “olvido” administrativo en 1994, la zona arqueológica operaba en la ilegalidad y bajo el control de reservas particulares
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
Imagine que uno de los tesoros prehispánicos más imponentes, sagrados y significativos del estado, la monumental zona arqueológica de Toniná famosa por albergar una de las pirámides más altas de Mesoamérica, estuvo operando en un limbo legal y bajo el control fáctico de reservas privadas durante las últimas tres décadas, por inverosímil que parezca, así fue, aunque en 1994 el Gobierno en turno anunció con bombo y platillo la expropiación del sitio, una grave omisión de las autoridades de aquella época dejó el trámite inconcluso, despojando jurídicamente a las y los chiapanecos de su propio patrimonio histórico.
El Consejero Jurídico del Estado de Chiapas, Guillermo Nieto Arreola, reveló los pormenores de la estrategia legal que se tuvo que desplegar directamente en la Ciudad de México para corregir este histórico y vergonzoso error del pasado, un esfuerzo coordinado de la mano del Gobierno Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al respecto, el funcionario estatal detalló la gravedad del descuido heredado y cómo se resolvió la situación en beneficio de la nación.
“En el año de 1994 se llevó a cabo la declaratoria de expropiación de lo que es el área protegida arqueológica de Toniná, sin embargo, no se hizo el procedimiento administrativo de expropiación correspondiente; el gobernador nos pidió que fuéramos a tocar puertas a Palacio Nacional y lo hicimos con la consejería jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum… Se amplió el polígono para que la gente, los turistas, puedan acceder ahora sin ninguna reserva privada… Toniná en este momento ya es de Chiapas”, afirmó Nieto Arreola, sepultando así décadas de usufructo particular sobre suelo prehispánico.
Con la culminación de este trámite y la ampliación del polígono protegido, se garantiza el libre acceso al turismo local, nacional e internacional, eliminando las restricciones que imponían los propietarios de los terrenos colindantes, quienes aprovechaban el vacío legal para condicionar el paso hacia los vestigios mayas.
Las omisiones y el desorden legal que afectaban a Chiapas no se limitaban al ámbito del patrimonio arqueológico y turístico; la falta de una defensa jurídica robusta en administraciones pasadas mantenía a lugares sumamente icónicos de la geografía chiapaneca, como el Parque Nacional Cañón del Sumidero, e incluso a marcas identitarias del estado como la firma artesanal “Reina Rojas”, atrapados en una telaraña de litigios interminables, demandas laborales millonarias y deudas públicas heredadas que amenazaban las finanzas locales.
Para poner fin a esta vulnerabilidad institucional y evitar que futuros descuidos vuelvan a poner en riesgo los bienes del pueblo, la actual administración dio un giro de timón radical: la Consejería Jurídica se ha blindado por completo mediante una reestructuración de fondo, convirtiéndose formalmente en un Instituto especializado.
A partir de esta reforma, el cuerpo de abogados del sector público estatal estará obligado a someterse a esquemas de profesionalización y actualización mes con mes.
Esta transformación institucional obedece a una política de cero tolerancia a la negligencia administrativa.
