La percepción sobre instituciones de seguridad también mostró debilidad debido a los bajos niveles de satisfacción y confianza ciudadana
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La corrupción es unas las problemáticas más arraigadas en la cultura mexicana que ha ocasionado una perdida de la confianza en las instituciones gubernamentales y que tiene como principal trabajo ofrecer un servicio, impartir justica y proteger a la ciudanía; Chiapas no solo figura como una de las entidades más pobres del país, sino es percibida por sus pobladores como una de las más corruptas informó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional (Encig) de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encig determinó que alrededor de 15 mil chiapanecos al menos una vez en su vida presenciaron o fueron víctimas de corrupción, donde los servidores públicos se vieron involucrados en acelerar trámites administrativos, atrasar juicios, favores personales o incluso evitar cualquier tipo de sanción por infringir la ley, sin medir las consecuencias o golpe mediático que cometen contra las instituciones que representan.
Una de las áreas más débiles y con mayor índice de desconfianza ciudadana es la seguridad pública, dado que, solo el 27.9 por ciento de los chiapanecos considera estar satisfecho con la labor policiaca y los resultados que han obtenido, en contraste más de 37 por ciento de los habitantes mencionaron que los cuerpos policiacos son una de las principales fuentes de extorsión que impulsan la propagación de células delictivas en la región, conforme a las cifras del Inegi.
Por ende, la ciudadanía en más de una ocasión ha levantado la voz para mitigar y erradicar por completo los actos de corrupción en el estado, acciones que han llevado al declive económico y social de uno de las demarcaciones territoriales con mayor potencial de crecimiento de todo México; las estrategias gubernamentales para combatir esta problemática deberán ser más agresivas si es que el Estado busca revertir la percepción pública actual.
El aumento en víctimas de corrupción expone la fragilidad de la relación entre sociedad y Gobierno, donde especialistas afirmaron que la normalización de prácticas irregulares termina por restar credibilidad institucional en regiones con altos niveles de desigualdad social y dependencia de servicios públicos.
