Habitantes cuestionaron que el Gobierno municipal continúe tomando decisiones administrativas sin la figura encargada de la representación jurídica
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La operación interna del ayuntamiento de Huixtla ha sido cuestionada por la ausencia de un síndico, figura de autoridad que se encargar de la representación jurídica y la validación de actos administrativos del municipio, puesto que se cumplieron más de 15 días desde la renuncia de la exfuncionaria, Luz del Carmen Nazar por presuntas irregulares que dañaban el erario público y laceraban la confianza depositada por la ciudadanía.
La salida de la exsíndico ocurrió semanas después de la renuncia de la regidora plurinominal Sandra Martínez Ceja en medio de versiones relacionadas con presunta malversación de recursos públicos dentro de la administración encabezada por Régulo Palomeque Sánchez lo que incrementó la tensión política en el municipio y mantiene vacante la posición en cuestión, y refrendó los 120 procedimientos que la entidad ha registrado por conflictos políticos electorales y violencia política de género, indicó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
En ese sentido, la entidad contabilizó que 18 ayuntamientos chiapanecos han experimentado situaciones de la misma índole, donde integrantes del cabildo solicitan licencia anticipada o abandona sus puestos por diversas razones, esto obliga a las presidencias municipales a recurrir a la ayuda legislativa con el objetivo de restablecer funciones administrativas por el bienestar del pueblo, aseveró el Congreso estatal.
La presunta denuncia presentada por Luz del Carmen Nazar añadió presión pública sobre el Gobierno municipal debido a que la Sindicatura representa una figura central para la supervisión legal y financiera del ayuntamiento, tanto, que la Auditoría Superior del Estado reconoció que sin su existencia los datos de irregularidades financieras que superan los seis mil millones de pesos en los 124 municipios de Chiapas, serían mucho más alarmantes.
Habitantes de Huixtla consideraron que la falta de un nombramiento oficial alimenta especulaciones sobre el correcto uso de los recursos de la Presidencia y advirtieron que el Congreso del Estado podría intervenir para evitar un mayor desgaste institucional con la intención de evitar que la demarcación territorial se sume al 60 por ciento de administraciones que mantienen un déficit de personal especializado y no poseen vigilancia en áreas sensibles de Gobierno.
