La falta de una postura oficial mantiene abierta la inquietud entre proveedores y personal que piden mayor claridad y certeza administrativa
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El discurso de transparencia administrativa enfrenta tensiones internas dentro de algunas dependencias como la Secretaría de Salud de Chiapas, donde proveedores y trabajadores comentaron retrasos en procesos relacionados con pagos y validaciones jurídicas que mantienen imprevisibilidad sobre la operación administrativa cotidiana.
Las versiones que circulan dentro de la dependencia señalaron hacia el área jurídica encabezada por Rogelio Ramírez Hernández, espacio que tendría injerencia en la revisión de expedientes y liberación de procedimientos administrativos, mientras proveedores explicaron su preocupación por obstáculos que frenarían pagos ya comprometidos y generan desgaste entre quienes mantienen nexos laborales o comercial con la institución pública.
Chiapas registró uno de los niveles más altos de dependencia de servicios públicos de salud en todo México, además el 63 por ciento de los chiapanecos no cuenta con acceso digno y pleno a atención médica, esto último aumenta la brecha social entre entidades federativas con un mayor fortalecimiento del sistema de salud y aquellas donde la mortalidad se dispara hasta en un 41 por ciento por tiempos prolongados de burocracia y falta de acompañamiento médico.
Las unidades de salud pública tuvieron observaciones en temas de fiscalización y transparencia, puesto que se detectaron tiempos de validación documental rezagado en los rubros de contratación y pagos, otros reportes institucionales puntualizaron que los procesos internos de adquisición de productos y servicios presentaban anomalías de hasta 60 días para ser atendidos.
La omisión de la Secretaría ante dicha denuncia pone en aprietos a trabajadores y proveedores, quienes se encuentran entre un fuego cruzado donde el discurso estatal es combatir la corrupción, pero en las prácticas lo modelos de monitoreo y seguimiento no se aplican conforme a la ley, por lo tanto, reforzar las auditorías y verificar la operación de los servicios de salud, son las únicas herramientas que mitigaran el rezago jurídico.
