Las nuevas alianzas para el 2027
May Rosas
En Chiapas se respira un aire de reacomodo que va más allá de las alianzas electorales de siempre, porque el mapa de partidos podría estirarse con la llegada de tres nuevas fuerzas locales justo cuando el calendario concede una pausa antes del siguiente proceso comicial de 2027. La noticia concreta, emanada del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, indica que la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas ya ha cumplido su parte al avalar que el Consejo General examine y vote los dictámenes sobre las solicitudes de registro, un trámite que suena burocrático, pero que mantiene en ascuas a operadores, aspirantes y financistas. Lo interesante del caso es la metamorfosis de nombres que han experimentado los proyectos: aquellas asociaciones civiles que originalmente se inscribieron como Movimiento de Esperanza y Humanismo de Chiapas A.C., Movimiento Humanista de Chiapas A.C. y Fuerza Chiapaneca 4T A.C. ahora pretenden competir bajo las denominaciones de Movimiento de Esperanza de Chiapas, Partido Conciencia Humana y un tercer membrete que todavía debe ser modificado para cumplir con los lineamientos legales. La exigencia de cambiar el nombre no es un capricho, dado que el sufijo “4T” constituye un guiño demasiado evidente al discurso de la Cuarta Transformación que impulsa el Gobierno federal, y los organismos electorales suelen ser implacables cuando detectan la apropiación de símbolos, lemas o referencias que pertenecen al ámbito gubernamental y no a una plataforma partidista en formación. Así que ese tercer partido, que muchos identifican con la antigua Fuerza Chiapaneca 4T, tendrá que bautizarse de nuevo si quiere pasar el filtro.
Vale la pena recordar que el camino comenzó con 13 organizaciones que manifestaron su intención de convertirse en partidos locales, una cifra que ilusionó a quienes anhelan una mayor pluralidad, pero que pronto se desinfló porque solamente cuatro lograron desplegar las asambleas distritales o municipales requeridas por la norma. De esas cuatro, una ya recibió la negativa debido a inconsistencias en la fiscalización de sus informes financieros, un capítulo que refleja la seriedad con que el Instituto Nacional Electoral revisa cada peso reportado y que, desde luego, deja abierta la puerta de la impugnación ante instancias superiores. Las tres sobrevivientes han cumplido con la parte más espinosa del expediente: la afiliación mínima y la celebración de asambleas territoriales, dos requisitos que consumen tiempo, voluntad política y una logística que pocas veces se transparenta del todo. Ahora cuentan con los dictámenes finales del INE en materia de fiscalización, de modo que el Consejo General del IEPC tiene sobre la mesa toda la información necesaria para votar sin mayores dilaciones, salvo aquellas que imponga la prudencia institucional o las negociaciones de última hora que nunca faltan en estos procesos.
Si el Consejo General concede el registro a alguna o a todas las organizaciones solicitantes, vendrá un desfile de trámites que incluye el registro del emblema, la obtención del alta ante la Secretaría de Hacienda y, sobre todo, la definición de las prerrogativas económicas que les corresponderán de acuerdo con una fórmula que ya está siendo recalculada para acomodar a los nuevos inquilinos del presupuesto electoral. La consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, ha enfatizado que la llegada de partidos locales forzosamente implica una redistribución del financiamiento público, una variable que incomoda a las fuerzas nacionales con presencia en el estado porque verán reducidas sus ministraciones en un contexto donde cada vez es más caro sostener estructuras operativas permanentes. Y hay que considerar también la posible aparición de nuevos partidos nacionales que consigan su registro en los próximos meses, lo que podría añadir más presión sobre la bolsa chiapaneca y desatar una competencia feroz por cada voto y cada peso en la antesala del 2027.
Más allá de las formalidades, cabe preguntarse qué representan en realidad estos embriones de partido para la ciudadanía de a pie, aquella que en las comunidades de Los Altos o en las colonias populares de Tapachula suele observar la política como un espectáculo distante y a menudo decepcionante. La promesa de una conciencia humana o de una esperanza regional suena atractiva en el discurso, aunque los escépticos recuerdan que Chiapas ya ha visto surgir y desaparecer una veintena de fuerzas locales en las últimas tres décadas sin que la calidad de la representación haya mejorado de forma sustancial. La verdadera prueba de fuego estará mucho más allá del dictamen del IEPC, porque la cuestión medular reside en la capacidad de estos partidos para articular demandas genuinas y para evitar ser percibidos como franquicias familiares o como vehículos de figuras que saltan de un color a otro según lo dicte la conveniencia. Por lo pronto, los operadores de las tres organizaciones han mostrado oficio para cumplir con la legalidad y para construir una base territorial que les permita aspirar al registro, un mérito que nadie les quita en un medio donde la improvisación suele cobrar facturas altas.
Mientras tanto, en los pasillos del IEPC se comenta que el partido obligado a modificar su nombre es el que menos expectación provoca, porque su vínculo con la narrativa de la 4T le otorga un capital simbólico difícil de abandonar aun cuando la ley obligue al deslinde. La búsqueda de nuevos membretes para esas organizaciones se ha convertido en un ejercicio de equilibrio entre la identidad local y la fidelidad a la marca federal, un dilema que definirá en buena medida la autenticidad del proyecto, sin ceder a la tentación de vivir del discurso oficial. La consejera López Santiago ha insistido en que el Instituto será muy riguroso en la revisión de emblemas y lemas, de manera que cualquier intento de apropiación indebida de símbolos oficiales será frenado antes de que los nuevos partidos reciban su registro definitivo.
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