Cuidadanos señalan que los costos de traslado y barreras tecnológicas han reducido la posibilidad de interponer denuncias
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La centralización de servicios en Chiapas ha dejado un vacío legal que empresas de distribución de gas LP y gasolineras de Tapachula han aprovechado para priorizar sus ganancias ante las necesidades del consumidor, pobladores de la región Soconusco denunciaron que ante el cierre de las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los abusos y la vulneración contra sus derechos como consumidores se han vuelto cotidianos.
Los afectados afirmaron que los índices de denuncias contra establecimientos han presentado un declive, debido a que el actual esquema de atención al consumidor se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, esto se traduce a un golpe directo a la economía local, dado que, tiene que absorber costos por desplazamiento, alimentos y tiempo para interponer quejas; panorama que alimenta la impunidad y el olvido sistemático de las autoridades chiapanecas ante la ola de irregularidades en la venta de productos y servicios en la región.
La posibilidad de acudir a la capital chiapaneca a realizar sus denuncias no se encuentra en la posibilidad de todos los consumidores, puesto que el 69 por ciento de la población del estado vive en condiciones de pobreza, indicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y si se suma que su queja tiene que recibir seguimiento por parte del afectado, esto se traduce a desgaste económico continuo.
Por otra parte, Tapachula vive del comercio fronterizo, escenario que ha cobrado relevancia en los últimos años y que, ante el aumento de la población del municipio, funciona como un catalizador de quejas contra establecimientos que ven en la falta de respaldo legal, la oportunidad de aumentar sus utilidades a costa del beneficio de los ciudadanos.
Ante este panorama, habitantes del Soconusco consideraronque la asistencia digital de la Profeco no es suficiente y la reapertura de una oficina en Tapachula permitiría reducir la desigualdad en el acceso a la justicia comercial, con el fin de que los sectores de combustible frenen sus arbitrariedades ante la falta de atención y supervisión gubernamental.
