Con cambios a la legislación local, buscan cerrar espacios de impunidad y garantizar el respeto a los derechos de las mujeres
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La violencia política contra las mujeres podría convertirse en un impedimento definitivo para acceder al poder en Chiapas, luego de que legisladoras, autoridades electorales y organizaciones civiles impulsaran una reforma orientada a impedir que personas sancionadas por estas conductas puedan registrarse como candidatas o desempeñar cargos dentro del servicio público; la propuesta busca que las agresiones tengan consecuencias más allá de las sanciones administrativas.
El planteamiento surgió en un momento de mayor presencia femenina en la vida pública chiapaneca, debido a que datos del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres señalaron que en la actualidad 22 municipios son gobernados por mujeres y que 26 diputadas integran el Congreso local; el crecimiento de la representación femenina ha colocado sobre la mesa la necesidad de fortalecer las garantías para ejercer cargos sin presiones ni actos de violencia.
Las modificaciones legales permitirían suspender los derechos político-electorales de quienes cuenten con resoluciones firmes por violencia política en razón de género; la medida cobró relevancia debido a que el Registro Nacional de Personas Sancionadas documentó 26 casos relacionados con la comarca hasta finales de 2024, dato que mantiene vigente la preocupación sobre estas conductas dentro de los procesos electorales.
Otro de los aspectos importantes consistió en la posibilidad de anular una elección cuando se acredite que existieron actos de violencia política contra mujeres durante la contienda; además, partidos políticos o candidaturas responsables de estas prácticas quedarían impedidos para participar en una eventual elección extraordinaria derivada de la nulidad, con el propósito de evitar beneficios para quienes vulneren derechos político-electorales.
Asimismo, las mujeres han ampliado los espacios de representación, debido a que las alcaldesas encabezan cerca de 18 por ciento de los ayuntamientos chiapanecos y ocho de ellas llegaron al cargo mediante autoadscripción indígena; bajo esta lógica, las promoventes sostienen que la democracia requiere condiciones de igualdad reales para garantizar que ninguna mujer vea limitado su derecho a participar y ejercer funciones públicas por razones de género.
