Chiapas se encamina a sentar un precedente jurídico sin precedentes para castigar con cárcel la violencia hacia los seres sintientes
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
La lucha por los derechos de los animales en Chiapas está a punto de romper el techo de cristal de la impunidad, tras años de que las denuncias ciudadanas por crueldad y abandono terminaran archivadas o reducidas a simples amonestaciones, el panorama jurídico del estado se prepara para un giro radical, por primera vez en la historia de la entidad, la Fiscalía del Medio Ambiente (FMA) judicializará carpetas de investigación para vincular a proceso penal a presuntos maltratadores, marcando un hito en la defensa de los seres sintientes.
Este avance ocurre en un contexto crítico, la falta de datos oficiales y censos institucionales mantiene a las autoridades a ciegas, pero las estimaciones de las organizaciones civiles son alarmantes. De acuerdo con registros de la fundación “Proyecto Dejando Huella” asociación civil con tres años de constitución formal y dos operando un refugio propio, se calcula de manera extraoficial que tan solo en la capital chiapaneca existen más de 200 mil perros en situación de calle, una cifra “a grosso modo” que refleja una crisis humanitaria y de salud pública que ha rebasado las capacidades municipales.
Hasta el día de hoy, el combate al maltrato animal en Tuxtla Gutiérrez se ha limitado mayoritariamente al terreno administrativo. El ayuntamiento local aplica multas y sanciones menores para casos de omisión de cuidados (como mantener a las mascotas encadenadas o sin alimento), sin embargo, cuando la violencia escala a actos de crueldad grave, mutilación, abuso sexual o la muerte provocada del animal, la competencia pasa estrictamente al ámbito penal.
A pesar de que el Código Penal del Estado ya tipifica estos delitos, la realidad es que ningún caso ha llegado a la etapa de juicio oral, activistas y defensores explican que este retraso se debe a una compleja “curva de aprendizaje” institucional.
Al tratarse de una legislación relativamente nueva, tanto los ministerios públicos como los peritos, los policías de investigación y la propia sociedad civil han enfrentado serias dificultades para saber cómo integrar correctamente las carpetas de investigación y cómo desahogar las pruebas de manera que resulten sostenibles ante un juez de control.
“Hay muchas demandas y la fiscalía está atendiendo los casos para poder armar las carpetas de investigación y darle su debido proceso. Al ser una ley nueva, ha hecho que todos estemos aprendiendo cómo se va a judicializar”, señalaron representantes de colectivos de protección animal.
Este periodo de estancamiento está por concluir, luego de mesas de trabajo recientes entre diversas asociaciones civiles y los titulares de la Fiscalía del Medio Ambiente, se confirmó que el trabajo de investigación finalmente ha dado frutos sustanciales.
Fuentes cercanas al proceso informaron que en los próximos meses se ejecutarán las primeras dos vinculaciones a proceso penal en el estado, esto significa que los acusados ya no librarán la ley con el pago de una multa económica municipal, sino que enfrentarán medidas cautelares estrictas y un proceso judicial que podría culminar en sentencias de prisión.
El objetivo de las organizaciones no es solo trasgredir la inercia burocrática, sino mandar un mensaje contundente a la ciudadanía, Con estas primeras vinculaciones, Chiapas busca sentar un precedente jurídico y social: la violencia contra los animales tiene consecuencias legales severas, Se espera que la judicialización de estos casos actúe como un mecanismo de prevención del delito, forzando a la población a tomar conciencia de que los animales son sujetos de derecho y que la crueldad ya no será tolerada por el Estado.
