Con cientos de casos documentados y una población vulnerable en crecimiento, la iniciativa sigue sin ser tocada por el Congreso
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La reforma que busca fortalecer las sanciones contra quienes abandonen a personas incapaces de valerse por sí mismas continúa sin avanzar en el Congreso de Chiapas, pese a que la problemática mantiene una presencia constante en el estado, puesto que registros del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia reportaron un promedio de 400 casos de abandono durante 2025 y lo que va de 2026, un tema que preocupa a la sociedad chapaneca.
La falta de resolución ocurre mientras crece la población que podría requerir mayores cuidados y protección jurídica, dado que el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó más de 507 mil personas mayores de 60 años en Chiapas, sector que representa 9.2 por ciento de los habitantes y cuya vulnerabilidad suele incrementarse ante enfermedades, dependencia económica o dificultades para realizar actividades cotidianas sin apoyo familiar.
La discusión consideró a las personas con discapacidad, debido a que datos del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de la entidad, elaborados con información censal del Inegi, indicaron que un millón 94 mil 966 habitantes viven con alguna discapacidad o limitación, una población que en muchos casos depende de redes familiares para garantizar alimentación, movilidad, acceso a tratamientos médicos y acompañamiento diario.
Las cifras permitieron dimensionar la magnitud del desafío, puesto que el propio Inegi documentó que 51.6 por ciento de las personas con discapacidad en la comarca enfrenta dificultades para caminar o desplazarse y 29.6 por ciento presenta problemas para ver aun utilizando lentes, condiciones que pueden agravar las consecuencias cuando existe abandono o negligencia por parte de quienes tienen la obligación legal y moral de brindar cuidados.
Más de un mes después de haber sido presentada, la iniciativa permanece en espera de análisis legislativo, lo que deja pendiente una discusión que rebasa el ámbito penal, dado que el crecimiento de la población adulta mayor y de los grupos que requieren asistencia planteó la necesidad de construir mecanismos más eficaces de protección, prevención y acompañamiento para quienes enfrentan mayores riesgos de quedar en situación de abandono.
