Es una iniciativa histórica que busca reestructurar la planeación municipal en los 124 ayuntamientos
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En medio de un clima de indignación social por la creciente ola de agresiones contra mujeres en el espacio público, la diputada local de Morena, Marcela Castillo Atristain, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa histórica que busca reestructurar la planeación municipal en los 124 ayuntamientos. La propuesta, que fue aprobada por unanimidad con 36 votos para su turno a comisiones, obliga a los gobiernos locales a incorporar indicadores de género y presupuestos etiquetados basados en los estándares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres.
La legisladora, visiblemente conmovida, pero firme, inició su intervención con dos preguntas que retumbaron en el pleno: “¿Cuántas historias conocemos de mujeres que son acosadas en el espacio público? ¿Cuántas de nosotras hemos sido acosadas en el espacio público?”, acto seguido, relató las historias de “quienes cambian de banqueta porque alguien las sigue, de quienes apresuran el paso al escuchar comentarios fuera de lugar, de quienes evitan salir solas por la noche o modifican su ruta o su vestimenta por temor a ser acusadas”.
Castillo explicó que la iniciativa no se queda en el papel, sino que apunta al corazón de la vida cotidiana: los Bandos de Policía y Buen Gobierno. “Estos ordenamientos municipales son la primera herramienta para preservar la convivencia y la paz social. Deben responder a la realidad: las mujeres en Chiapas siguen siendo víctimas de acoso en calles, parques y transporte público”, sentenció.
Sin embargo, más allá de la propuesta legislativa, lo que ha encendido las alarmas sociales es el profundo abismo entre la ley y la realidad operativa en las fiscalías y ministerios públicos del estado. De acuerdo con datos recabados por organizaciones civiles y registros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el principal obstáculo no es la falta de tipificación del delito, dado que Chiapas fue pionero en 2018 al incorporar el acoso callejero al Código Penal, sino la revictimización institucional.
TIPOS DE ACOSO Y VIOLENCIA CON MAYOR INCIDENCIA EN CHIAPAS
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalla que en el estado persisten múltiples formas de violencia que, al ser denunciadas, enfrentan un muro de desinterés. Los tipos más recurrentes que sufren las chiapanecas incluyen:
-Acoso callejero y comunitario: Con la tipificación aprobada en enero de 2018 (artículo 238 BIS), se sanciona a quienes realicen conductas verbales o físicas de connotación lasciva en espacios públicos, incluyendo “piropos ofensivos” y persecución. Aunque la ley existe, según la ENDIREH, el ámbito comunitario es el segundo espacio con mayor violencia, superado solo por el doméstico.
-Hostigamiento sexual y laboral: Definido como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real (jefe-empleado, maestro-alumna). Este tipo de violencia, que puede incluir desde acariciar el cabello hasta tocamiento de zonas íntimas bajo amenaza, es una de las más denunciadas, aunque frecuentemente las contralorías internas minimizan los hechos o protegen a los agresores.
-Violencia psicológica y simbólica: Es la más difícil de probar y, por tanto, la que más queda impune, incluye actos que dañan la autoestima, amenazas, insultos y conductas de control, en el ámbito político, que ha sido analizado por el IEPC Chiapas, es el tipo de violencia más recurrente contra mujeres funcionarias y candidatas.
-Ciberacoso: Un fenómeno creciente en municipios como Arriaga, donde hombres desconocidos realizan llamadas obscenas, videollamadas con exhibicionismo y mensajes de índole sexual, generando un estado de terror constante en las víctimas, quienes enfrentan una total inacción por parte de las autoridades para rastrear a los perpetradores.
-Violencia contra derechos sexuales y reproductivos: Incluye desde la violencia obstétrica (negación de atención de calidad durante el embarazo) hasta la imposición de métodos anticonceptivos o la cosificación del cuerpo femenino por parte de sistemas de salud insensibles.
LA DENUNCIA Y EL MURO DEL “NO ES PARA TANTO”
La diputada Castillo fue enfática al diagnosticar el problema central: “Ya tenemos el acoso tipificado en nuestra ley, pero de nada sirve tener una ley estatal avanzada si la mujer que denuncia acoso en la calle se encuentra con una autoridad que minimiza su testimonio, desconoce los protocolos o termina responsabilizando a la víctima”.
Un caso reciente documentado por la CEDH ilustra esta realidad: una trabajadora municipal fue víctima de hostigamiento sexual por parte de su superior, quien la besó y tocó contra su voluntad dentro de una oficina, a pesar de que la víctima presentó pruebas psicológicas de daño, la autoridad municipal ofreció testigos falsos y contradicciones, mientras que la víctima tuvo que ser reubicada laboralmente para proteger su integridad, sin que el agresor recibiera una sanción ejemplar en un plazo razonable.
Este caso no es aislado, las carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) se acumulan mientras cientos de mujeres desisten de continuar el proceso al sentirse juzgadas por los propios agentes del Ministerio Público, quienes suelen inquirir sobre la vestimenta de la víctima, su estado de ebriedad o su pasado sexual, en lugar de enfocarse en la conducta del victimario.
LA PROPUESTA DE LEY: CERRAR LA LLAVE A LA IMPUNIDAD MUNICIPAL
La iniciativa de Marcela Castillo, respaldada por organismos internacionales, propone reformar la Ley de Planeación estatal para que los 124 municipios ya no puedan gastar el dinero público de forma discrecional.
“Lo que pedimos es que cada peso que se gaste en seguridad y desarrollo tenga un lente de género. No se trata de crear más burocracia, sino de asegurar que los Bandos de Policía incluyan sanciones claras contra el acoso callejero y que los policías estén capacitados con protocolos reales, no simulados”, explicó la morenista.
En un cierre emotivo, y tras recordar el origen del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal, Castillo concluyó: “Las mujeres no deben cambiar ni sus horarios ni su vestimenta por miedo. Lo que debe cambiar son las conductas y los protocolos. Caminar sin miedo no es un privilegio, es un derecho, y garantizarlo es una responsabilidad compartida”.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su dictamen. Mientras tanto, colectivas feministas anunciaron que mantendrán presión en los 124 ayuntamientos para que, antes de que concluya el año, se eliminen los “bandos de policía” obsoletos que aún confunden el acoso con “galantería”.
