Con solo cuatro personas juzgadoras en materia laboral, el sistema enfrenta una crisis de productividad
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Para miles de trabajadores, presentar una demanda laboral no significa que el problema vaya a resolverse pronto, dado que al cierre de 2025 los tribunales laborales de Chiapas mantenían tres mil 262 expedientes pendientes, una cifra que confirmó que la capacidad de respuesta del sistema todavía avanza a un ritmo menor que la llegada de nuevos casos.
Más que un dato administrativo, el rezago se tradujo a personas que mantienen una espera o una definición sobre despidos, pagos pendientes, prestaciones o conflictos con sus centros de trabajo, una carga que se ha acumulado desde la puesta en marcha del nuevo modelo de justicia laboral, periodo en el que los órganos jurisdiccionales del estado abrieron seis mil 344 expedientes y lograron resolver 934 asuntos.
La presión sobre los tribunales es visible en el tamaño de la estructura para dar seguimiento a múltiples procedimientos, puesto que la comarca cerró el año 2025 con apenas cuatro juzgadores en materia laboral, esto equivale a un promedio de 800 casos que siguen sin resolver por cada uno de los funcionarios en cuestión y que ayudan a comprender el rezago que experimenta las instituciones y la sociedad por la baja productividad.
En ese sentido, la entidad reportó que el 70 por ciento de los chiapanecos se desempeña en el terreno de la informalidad laboral, sector que equivale a 1.9 millones de personas, que no cuentan con prestaciones mínimas de ley y que son vulnerables ante cualquier riesgo o abuso laboral; los temas de mayor impacto son los relacionados con salarios, indemnizaciones o mejoras en condiciones de trabajo, procesos que pueden ser largos y desgastantes para las víctimas.
Aunque el nuevo sistema laboral nació con la intención de ofrecer procedimientos más ágiles y cercanos a la ciudadanía, los datos afirmaron que el principal reto continúa siendo reducir los tiempos de respuesta y evitar que los expedientes se acumulen, dado que en la región existe un volumen de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social que asciende a los 290 mil y todos ellos dependen de un fallo para dar certeza a su situación laboral.
