La propuesta surgió a partir de experiencias de familias, estudiantes y ciudadanos que enfrentan dificultades para comunicarse
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La propuesta para crear la Ley de la Lengua de Señas Mexicana y de los Derechos de las Personas Sordas en Chiapas busca responder a problemas que muchas familias enfrentan todos los días, desde encontrar una escuela con condiciones adecuadas para sus hijos hasta acudir a una consulta médica sin poder comunicarse con el personal de salud, situaciones que continúan siendo parte de la vida cotidiana para muchas personas sordas en el estado.
La diputada Luz María Castillo Moreno señaló que la iniciativa nació a partir de testimonios de ciudadanos que han encontrado barreras en la educación, la salud, la justicia y los trámites públicos; la necesidad de avanzar en este tema tomó importancia, puesto que en Chiapas viven más de 100 mil personas con algún grado de discapacidad auditiva, de acuerdo con registros demográficos y de salud, una población que enfrenta obstáculos para ejercer derechos básicos en igualdad de condiciones.
La propuesta plantea reconocer la Lengua de Señas Mexicana como parte del patrimonio cultural y lingüístico de la entidad, además de impulsar condiciones de accesibilidad en distintas instituciones; el reto no es menor si se considera que la comarca cuenta con más de un millón y medio de estudiantes en el sistema educativo estatal, mientras muchas personas sordas siguen dependiendo de apoyos limitados para mantenerse dentro de las aulas y concluir su formación académica.
Otro de los puntos destacados es el papel de los intérpretes, cuya labor puede marcar la diferencia entre comprender o no una consulta médica, para muchas personas sordas, contar con alguien que conozca la Lengua de Señas Mexicana sigue siendo la única forma de comunicarse con autoridades, médicos, maestros o servidores públicos, una necesidad que continúa sin estar garantizada en numerosos espacios de atención.
La iniciativa quiere generar oportunidad para que la comunidad sorda participe en la vida pública sin barreras de comunicación, puesto que datos oficiales puntualizaron que más de 100 mil personas viven con discapacidad auditiva en la entidad y que más de 300 mil habitantes tienen algún tipo de discapacidad, por lo que organizaciones civiles consideraron necesario que la accesibilidad deje de depender de casos aislados y se convierta en un derecho garantizado.
