Contratos innecesarios, retiros indebidos de cuentas bancarias, cobros irregulares y negligencia médica derivaron en suspensiones
PORTAVOZ/AGENCIAS
Desde contratos millonarios innecesarios en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta retiros indebidos de cuentas de usuarios en el Banco del Bienestar, una nueva ronda de sanciones exhibe las distintas formas en que servidores públicos han incumplido con sus responsabilidades dentro de la administración federal.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 39 personas servidoras públicas fueron sancionadas por faltas administrativas graves y no graves, como resultado de investigaciones realizadas por órganos internos de control y unidades de responsabilidades en diversas dependencias.
Las sanciones más severas fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El caso de mayor impacto ocurrió en la CFE, donde cuatro exfuncionarios fueron inhabilitados por periodos de entre 10 y 20 años y obligados a responder solidariamente por más de mil 192 millones de pesos. La investigación concluyó que participaron en la contratación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para garantizar el suministro eléctrico.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos funcionarios fueron inhabilitados por obtener beneficios económicos indebidos relacionados con la venta de guías de mensajería y cobros irregulares realizados aprovechando sus cargos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) también apareció en la lista. Un funcionario del Tecnológico Nacional de México en Culiacán fue inhabilitado durante una década tras detectarse que recibió simultáneamente pagos por una plaza de estructura y por honorarios.
Otro de los expedientes relevantes corresponde al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), adscrito a la Secretaría de Hacienda, donde un servidor público recibió una inhabilitación de ocho años y una multa de 4.9 millones de pesos por depósitos injustificados en su cuenta personal y la no devolución de un vehículo oficial.
Inhabilitación por 10 años a José R., en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla, por obtener un beneficio económico por 152 mil pesos por la venta de 182 guías del servicio de mensajería, en 2020.
Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 82 mil pesos a Francisco O., en el Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, por recibir un doble pago, por plaza de estructura y por honorarios por la cantidad de 130 mil y 286 mil pesos, respectivamente, en 2021.
Inhabilitación por ocho años y sanción económica por 4.9 millones de pesos a Carlos M., en la Administración Región Golfo Centro de la SCHP, por realizar depósitos a su cuenta personal, por el mismo monto y no devolver un vehículo, en 2019.
Inhabilitación por 10 años y sanción económica por 22 mil pesos a Ana J., de la sucursal en Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, del Banco Bienestar por realizar retiros por un monto de 21 mil pesos, sin consentimiento de los titulares de las cuentas.
En el Banco del Bienestar se documentaron irregularidades vinculadas directamente con recursos de usuarios. Tres trabajadoras fueron sancionadas por alterar conciliaciones bancarias o realizar retiros sin autorización de los titulares de las cuentas.
La Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo (Asipona) también registró sanciones por autorizar pagos millonarios de obra pese a incumplimientos en la entrega de insumos, mientras que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se castigaron actos relacionados con procedimientos fiscales fuera de plazo, contrataciones sin suficiencia presupuestal y trámites realizados sin respaldo documental. Recientemente, en mayo pasado, se impusieron otras sanciones también a trabajadores del SAT y del Banco Bienestar.
