No existe un marco obligatorio para la adaptación de edificios, transporte y servicios para este sector de la población
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, las personas con discapacidad enfrentan condiciones de movilidad limitadas en su vida cotidiana, dado que en ciudades como Tuxtla Gutiérrez el acceso a espacios públicos, edificios gubernamentales y transporte sigue marcado por la falta de rampas, banquetas transitables, elevadores y señalización adecuada, lo que convierte actividades básicas como realizar trámites o desplazarse por la ciudad en un recorrido con limitantes claras de desplazamiento.
La infraestructura pública es uno de las pruebas más fidedignas de que la accesibilidad en el estado no se cumple, la mayoría de las oficinas de atención ciudadana, dependencias estatales y federales, parques, plazas y demás espacios públicos no cuentan con adecuaciones que garanticen la circulación de las más de 455 mil personas con silla de ruedas o que utilicen algún instrumento de apoyo en la entidad.
En la comarca, entre 50 mil y 70 mil personas utilizan silla de ruedas, lo que dimensiona la necesidad de espacios adaptados en un estado donde aún no existe una Ley de Accesibilidad, una condición que mantiene la regulación dispersa y limita la obligación de cumplir criterios uniformes en construcción, transporte y servicios públicos.
La ausencia de una normativa específica causa afectaciones en la planeación urbana y en la prestación de servicios, puesto que la falta de infraestructura incluyente responde a decisiones recientes de desarrollo que no incorporan criterios de movilidad universal, lo que dificulta el acceso a la justicia, la educación y la salud para este sector de la población.
Asimismo, se encuentra en el Congreso del Estado una iniciativa de ley de 30 artículos que plantea establecer obligaciones de accesibilidad tanto en espacios públicos como privados, además de sanciones para quienes no cumplan con las disposiciones, junto con la implementación de protocolos de atención y herramientas tecnológicas que permitan mejorar la inclusión en la región en un plazo de transición de tres años para adecuaciones de infraestructura.
