Aunque existen marcos legales que prohíben estas prácticas, persisten reportes que apuntan a su presencia en contextos de aseguramiento
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Los casos de tortura en la entidad continúan pese a que esta práctica está prohibida por tratados internacionales y por la legislación mexicana, luego de que el 20 de mayo de 2026 circulara un video donde presuntos elementos de la Fiscalía General del Estado aparecieran sometiendo a detenidos mediante asfixia con bolsas de plástico, lo que reactivó el debate sobre el uso de la fuerza y los mecanismos de detención en la entidad.
En las imágenes difundidas se observó a uniformados colocando bolsas negras en el rostro de al menos dos personas detenidas durante su aseguramiento, situación que organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado como un método de tortura que ha sido reportado en distintos momentos en el estado sin que existan sanciones proporcionales en todos los casos para quienes efectúan este tipo de acciones.
El abogado especialista en derechos humanos Carlos Hugo Tondopó explicó que este tipo de hechos ponen en duda la legalidad de las detenciones y generan cuestionamientos sobre los procedimientos de investigación en la entidad, puesto que la comarca se ha caracterizado por ser un territorio donde el acceso a la justicia enfrenta diversas limitaciones y la cultura de la denuncia no se encuentra instaurado.
El activista Luis García Villagrán afirmó que estos casos forman parte de un patrón de violencia que también ha sido señalado en detenciones de personas migrantes, donde organizaciones civiles han documentado que cerca del 40 por ciento de las quejas presentadas en la frontera sur están relacionadas con trato indebido durante detenciones.
De acuerdo con registros de organizaciones civiles en la región, alrededor del 55 por ciento de las víctimas que denunciaron posibles actos de tortura desistieron del proceso por temor a represalias o falta de acompañamiento legal, mientras que menos del 30 por ciento de los casos logró avanzar a una investigación formal, lo que mantiene altos niveles de subregistro en este delito.
