La principal inquietud de la población gira en torno a la falta de información oficial sobre el manejo de los desechos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Habitantes de Copainalá pidieron a las autoridades del ayuntamiento explicar si existe algún acuerdo para recibir basura proveniente de Coapilla, luego de que se conociera la clausura del lugar donde ese municipio depositaba sus residuos, puesto que la principal duda entre la población es quién autorizó el posible traslado, bajo qué condiciones se realizaría y si existe algún documento oficial que respalde esta decisión.
La inquietud creció porque hasta ahora no se ha dado una explicación clara sobre el tema, el manejo de la basura es un problema constante para los municipios y en Chiapas se generan más de cuatro mil toneladas de residuos al día, por lo que cualquier cambio en los lugares de disposición final suele llamar la atención de los habitantes y generar preguntas sobre la capacidad de los espacios destinados para esta tarea.
Para muchos ciudadanos, el tema no radica si la basura llega de otro municipio, más bien la crítica de los pobladores de la región es si Copainalá cuenta con los recursos materiales, económicos y humanos para recibir más desechos sin afectar la operación diaria, preocupación que no es menor, dado que, en los últimos años la manipulación de los residuos humanos ha sido un tema sensible y que sin una gestión adecuado podría desencadenar un problema de salud pública severo.
Las dudas también llegaron a las redes sociales, donde usuarios han pedido información sobre la existencia de algún convenio entre ambos ayuntamientos y las condiciones bajo las que se realizaría el traslado, a esto se sumó que la cantidad de basura generada en la comarca ha aumentado de manera constante durante los últimos cuatro años, estoobliga a los municipios a buscar soluciones para el manejo de sus residuos.
Mientras las autoridades no aclaren la situación, la molestia de la ciudadanía persistirá, más del 80 por ciento de los residuos que se generan en la entidad termina en instalaciones administradas por los municipios, por lo que cualquier decisión relacionada con estos espacios puede afectar los servicios públicos, los gastos de operación, la vida diaria de las comunidades y las condiciones ambientales de la zona.
