El fenómeno podría estar vinculado al crecimiento acelerado de la población penitenciaria
PORTAVOZ/AGENCIAS
Las cárceles mexicanas registraron 36 suicidios entre enero y abril de 2026, la cifra más alta para un primer cuatrimestre de los últimos siete años, de acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.
El número implicó que, en promedio, una persona privada de la libertad se quitó la vida cada tres días y ocho horas durante los primeros 120 días del año, en medio de un contexto marcado por 398 muertes por causas naturales o enfermedad y diversos episodios de violencia al interior de los centros penitenciarios del país.
El acumulado de 36 suicidios representa un incremento de 89.5 por ciento respecto a los 19 registrados en el mismo periodo de 2025 y supera también los niveles observados en años recientes. Entre enero y abril de 2024 se contabilizaron 27 suicidios; en 2023 fueron 30; en 2022 sumaron 19; en 2021 alcanzaron 26 y en 2020 se reportaron 27 casos.
La Ciudad de México encabeza la lista de entidades con más suicidios registrados en cárceles estatales durante los primeros cuatro meses de 2026, con un total de cinco casos. Mientras que los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) de Oriente y Sonora concentraron el mayor número de casos en el sistema penitenciario federal.
Detrás estuvieron Baja California y Tabasco, con cuatro casos cada una, mientras que Sinaloa y Sonora reportaron tres suicidios respectivamente.
En el sistema penitenciario federal, los siete suicidios documentados se distribuyeron en cinco centros de reclusión. Los Ceferesos con más casos fueron el Centro Federal de Reinserción Social Número 5 Oriente y el Centro Federal de Reinserción Social Número 11 CPS Sonora, con dos suicidios cada uno.
A su vez, las muertes por causas naturales o enfermedad continúan siendo la principal causa de fallecimiento en los centros penitenciarios. Entre enero y abril de este año se contabilizaron 398 decesos de este tipo, con 112 en enero, 97 en febrero, 92 en marzo y 97 en abril, asimismo, se registraron dos homicidios en marzo.
CRISIS PENITENCIARIA
El aumento de suicidios, muertes por enfermedad y otros fallecimientos registrados en las cárceles mexicanas durante los primeros meses de 2026 podría estar vinculado al crecimiento acelerado de la población penitenciaria, el hacinamiento derivado del uso extendido de la prisión preventiva y las deficiencias estructurales en los servicios de salud y atención psicológica dentro de los centros de reclusión, advirtieron especialistas.
Alma Eunice Rendón Cárdenas, exsecretaria Ejecutiva Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llamó a revisar cada caso de suicidio con detenimiento, puesto que algunos pueden estar relacionados con problemas emocionales, depresión o aislamiento, también existen antecedentes de fallecimientos que inicialmente fueron catalogados como suicidios y posteriormente se descubrió que correspondían a agresiones o actos de violencia.
“Hay veces que pasó otra cosa y dicen que fue un suicidio, por eso es importante revisar si existe una concentración de casos en algún centro penitenciario o en algún estado en particular para saber si hay alguna otra situación detrás”, señaló.
La especialista consideró que la situación exige acciones urgentes por parte de las autoridades. Entre ellas, mencionó la necesidad de revisar el uso excesivo de la prisión preventiva, ampliar la capacidad de los centros penitenciarios, fortalecer los servicios médicos y garantizar atención especializada en salud mental.
Leopoldo Rodríguez, director general de GESEC Consultores en Gerencia Pública, aseguró que “lo que ocurre en los centros penitenciarios es francamente dramático, no es algo nuevo, pero las cifras sí hablan de que la situación es todavía más crítica de lo que ya era”.
A su juicio, uno de los principales problemas radica en que México no ha incorporado plenamente a su legislación los estándares internacionales contenidos en las denominadas Reglas Nelson Mandela, adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas para establecer criterios mínimos sobre el trato a las personas privadas de la libertad.
También, destacó que tampoco existe claridad sobre qué autoridad debe asumir la responsabilidad de estas investigaciones. Aunque las prisiones dependen de autoridades administrativas, son las fiscalías las que tendrían facultades para investigar posibles delitos, pero en la práctica, dijo, no existe certeza sobre el seguimiento que reciben estos casos.
“El registro de suicidios también debe analizarse con mucho cuidado porque no tenemos certeza de que todos hayan sido realmente suicidios. En el ámbito penitenciario existe incluso la práctica de simular homicidios como suicidios, sin investigaciones adecuadas resulta imposible conocer la verdad”, advirtió.
Frente a este panorama, Rodríguez consideró que una de las medidas más urgentes consiste en reformar el marco legal para establecer con precisión las responsabilidades de las autoridades penitenciarias y de las fiscalías en las investigaciones.
