Las verificaciones se realizan de manera esporádica, mientras miles de consumidores dependen de la institución para denunciar establecimientos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Mientras miles de chiapanecos realizan compras, contratan servicios o pagan productos todos los días, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) opera en el estado con capacidades limitadas para supervisar posibles abusos comerciales, la dependencia no cuenta con una delegación formal y funciona mediante una Oficina de Representación, una situación que deja gran parte de la vigilancia sujeta a revisiones esporádicas.
Chiapas tiene 124 municipios y más de 5.8 millones de habitantes, todos potenciales usuarios de los servicios que ofrece la institución cuando existe una inconformidad por cobros indebidos, publicidad engañosa o incumplimiento de servicios, a pesar de ello, en la entidad solo opera una oficina de atención para recibir quejas de los consumidores, la cual se ve rebasada por el número de denuncias realizadas por la comunidad chiapaneca.
En ese sentido, se contabilizaron cerca de 180 mil establecimientos dedicados a distintos giros económicos en la entidad, lo cual representa un número considerable de negocios y un gran universo que no puede ser verificado por el reducido número de colaboradores de la PROFECO, quienes con recursos limitados se dan a la tarea de resolver situaciones de abusos al consumidor en todo el estado.
Las restricciones también alcanzan los procesos de conciliación entre consumidores y proveedores, personal de la propia oficina ha señalado que estas funciones no se desarrollan de forma local debido a las características administrativas de la representación estatal, por lo tanto, miles de operaciones comerciales que son consideradas un abuso quedan impunes, lo que perpetua un sistema comercial que merma la economía chiapaneca.
La preocupación aumenta durante temporadas de alto consumo, como vacaciones, celebraciones comerciales o eventos internacionales que generan mayor movimiento económico, en la comarca, más del 65 por ciento de la población ocupada obtiene ingresos de actividades relacionadas con comercio y servicios, por lo que la vigilancia de precios, promociones y condiciones de venta representa una herramienta importante para proteger a los consumidores frente a posibles abusos.
