La solicitud busca que la ciudadanía conozca cómo se ejercerán los recursos destinados al servicio de residuos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Casi 400 millones de pesos destinados al servicio de recolección y disposición final de basura en Tuxtla Gutiérrez han provocado preguntas entre ciudadanos y especialistas sobre la forma en que se utilizará ese dinero, la diputada local Marcela Castillo Atristain pidió que el ayuntamiento explique con claridad por qué la ciudad asumirá un gasto de esta magnitud y cuáles serán los beneficios reales para la población.
La principal inquietud está en el aumento del costo del servicio, de acuerdo con la información disponible, el pago mensual habría pasado de 14 millones de pesos a cerca de 28 millones, es decir, el doble, la diferencia supera los 160 millones de pesos y representa recursos que podrían alcanzar para pavimentar decenas de calles, rehabilitar espacios públicos o mejorar servicios en distintas colonias de la capital.
El tema también tocó a quienes viven en Tuxtla, la ciudad supera los 570 mil habitantes y genera alrededor de 600 toneladas de basura cada día, por eso muchas personas quieren saber qué cambiará con el nuevo contrato y si el incremento en el gasto traerá una mejora visible en la recolección, el tratamiento de residuos o la limpieza de la ciudad.
Las dudas aumentan porque el compromiso económico no termina este año, además de los más de 171 millones de pesos autorizados para seis meses, existen previsiones que rebasan los 226 millones para 2027, en conjunto, la cantidad es similar al presupuesto anual completo que manejan varios municipios chiapanecos, una comparación que ayuda a dimensionar el tamaño de la inversión.
La petición consistió en que toda la información relacionada con el contrato pueda ser consultada por cualquier ciudadano y que se expliquen las razones que justifican el incremento en los costos, quienes respaldan esta solicitud consideraron que cuando se destinan cientos de millones de pesos de recursos públicos, la población tiene derecho a saber en qué se gastarán, cómo se tomó la decisión y qué resultados concretos recibirá la ciudad a cambio.
