Autoridades exigen el desalojo de los residentes sin garantizar un espacio de traslado ni un plan de atención institucional
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
La clausura definitiva del albergue operado por la organización “Penetrando la Oscuridad”, un espacio que durante aproximadamente 15 años brindó refugio, alimentación y cuidados básicos a los sectores más vulnerables de la población, ha encendido las alarmas entre activistas y defensores de los derechos humanos. Tras el anuncio del cese de operaciones del inmueble, un grupo de 26 personas en situación de calle 10 mujeres y 16 hombres se encuentra en un limbo legal y habitacional, debido a la ausencia de información pública sobre qué institución estatal o municipal asumirá su resguardo y atención integral.
La clausura del centro se produce meses después de un polémico incidente en el que un grupo de adolescentes abandonó las instalaciones por voluntad propia; aquel suceso atrajo el escrutinio de la opinión pública y de las instancias fiscalizadoras del Estado; sin embargo, el destino inmediato de los actuales residentes, quienes dependen enteramente de este espacio para subsistir día con día, permanece en una total opacidad.
Manuel Arévalo, director de “Penetrando la Oscuridad”, manifestó su profunda preocupación ante las exigencias de los organismos gubernamentales, las cuales calificó de improvisadas. De acuerdo con el directivo, la orden de clausura exige la entrega de las instalaciones y el egreso de los internos de manera inmediata, pero carece de un protocolo de reubicación seguro.
“Me piden entregar a las personas, pero no me dicen quién va a recibir a estas 26 personas que viven en la calle, no nos han dicho quién va a tomar el caso”, señaló Arévalo.
El responsable del centro aclaró que la organización civil jamás se opuso a las auditorías ni a la supervisión de las autoridades competentes, no obstante, cuestionó con firmeza que la clausura y el cierre definitivo hayan sido las únicas alternativas planteadas por la administración pública para subsanar las observaciones técnicas o administrativas derivadas de las inspecciones, priorizando el trámite burocrático por encima del bienestar humano de los refugiados.
El perfil de la población atendida en este inmueble complejiza aún más su posible incorporación a otros programas sociales estatales, muchos de los internos fueron rescatados directamente de la vía pública en condiciones de extrema vulnerabilidad, padeciendo en varios casos trastornos de salud mental, adicciones o deterioro cognitivo severo. Esta realidad se traduce en una carencia absoluta de documentación oficial que acredite sus identidades.
“La mayoría de ellos no sabemos cómo se llaman, no sabemos cuántos años tienen, no sabemos aun si son mexicanos”, detalló Arévalo, evidenciando las barreras burocráticas a las que se enfrentarán las dependencias que decidan asumir el caso. A lo largo de década y media, el albergue implementó campañas de difusión y fichas de búsqueda en redes sociales para localizar a los familiares de los internos, logrando la reunificación familiar solo en casos muy específicos y aislados.
Al ser cuestionado sobre el detonante de la inspección estatal la fuga de un grupo de menores de edad hace algunos meses, Arévalo enfatizó que la institución actuó conforme a derecho y con total transparencia. Explicó que las adolescentes salieron del recinto por decisión propia y que fue el propio personal del albergue el que desplegó las brigadas de localización para salvaguardarlas.
“Somos nosotros los que las encontramos y las llevamos a la Fiscalía para que hagan todas las investigaciones”, afirmó el director, rechazando cualquier señalamiento de negligencia u omisión en el cuidado de las menores.
