El abogado Enrique Antonio insta a verificar la propiedad y evitar anticipos económicos antes de formalizar la firma de un documento legal
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
La ilusión de encontrar un hogar y consolidar el patrimonio familiar se está convirtiendo en una pesadilla financiera para cientos de ciudadanos, no obstante, las estafas relacionadas con la renta de casas y departamentos continúan registrando un alarmante aumento en el país.
De acuerdo con los reportes más recientes del sector inmobiliario, más del 80 por ciento de los fraudes en esta materia están vinculados directamente con los contratos de arrendamiento, una modalidad que afecta principalmente a quienes buscan una vivienda con urgencia.
El modus operandi de los delincuentes suele repetirse de forma sistemática: presuntos propietarios o intermediarios publican atractivas ofertas en plataformas digitales y solicitan depósitos o anticipos económicos significativos bajo la premisa de “apartar” la vivienda, sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los inmuebles ofertados no existen, las fotografías son clonadas de otros sitios web o las casas nunca son entregadas a los interesados, dejándolos en la desprotección absoluta.
Ante esta creciente problemática que lacera la economía de las familias, el abogado especialista Enrique Antonio lanzó una fuerte advertencia a la población, señalando que una de las principales y más evidentes señales de alerta es cuando el supuesto arrendador exige dinero antes de formalizar legalmente la relación contractual.
El especialista explicó el marco jurídico local para dar certeza a los ciudadanos, “el Código Civil del Estado de Chiapas establece de manera contundente que los contratos de arrendamiento deben celebrarse estrictamente por escrito y contar con todas las formalidades correspondientes de ley, además, el arrendador tiene la obligación civil de acreditar plenamente que ostenta el derecho legal sobre el inmueble que está ofreciendo”, enfatizó el litigante.
Asimismo, señaló que dentro de las prácticas fraudulentas más comunes se encuentra la omisión deliberada de contratos escritos, la falta de registro de los acuerdos ante las autoridades competentes y, en casos extremos, el ofrecimiento de propiedades que ni siquiera cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad e higiene necesarias para ser habitadas.
Para blindar el patrimonio familiar de estos delincuentes digitales, el especialista recomendó a los futuros inquilinos adoptar una postura proactiva y de investigación antes de realizar cualquier tipo de transferencia económica. De acuerdo con el experto, es totalmente legítimo y necesario solicitar al oferente los siguientes documentos:
-Escrituras públicas del inmueble: Para constatar la identidad del dueño real.
-Boletas del impuesto predial recientes: Que certifiquen que la propiedad está al corriente y coincide con la ubicación.
-Certificado de libertad de gravamen: Un documento oficial que confirma el estatus legal de la propiedad.
Estas herramientas permiten confirmar que la persona que ofrece la vivienda cuenta, en efecto, con las facultades legales y jurídicas requeridas para celebrar el arrendamiento del espacio.
En un contexto socioeconómico donde cada vez más operaciones de renta, compra y venta se mudan a las redes sociales como los grupos de Marketplace en Facebook y plataformas de mensajería instantánea, los filtros de seguridad tradicionales se han vuelto sumamente laxos. Esta inmediatez digital facilita que los defraudadores operen desde el anonimato o utilizando perfiles falsos que desaparecen tan pronto reciben el dinero del anticipo.
Por ello, los expertos del sector inmobiliario hacen un llamado enérgico a la población a extremar precauciones, desconfiar de los precios sospechosamente bajos para la zona geográfica y, sobre todo, evitar tomar decisiones apresuradas bajo presión.
