La iniciativa convertiría a Chiapas en una de las primeras entidades del país en contar con una legislación específica de protección
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El miedo a sufrir represalias continúa siendo una de las principales razones por las que miles de posibles casos de corrupción nunca llegan a investigarse en Chiapas, situación que motivó la propuesta de una nueva ley para proteger la identidad de los denunciantes, explicó el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, al recordar que más del 80 por ciento de los casos detectados no avanzan y que, a nivel internacional, entre el 40 y el 60 por ciento de las investigaciones por corrupción comienzan gracias a información proporcionada por ciudadanos.
La iniciativa busca garantizar la confidencialidad y seguridad de quienes denuncien irregularidades, debido a que más del 90 por ciento de las personas que detectan posibles actos de corrupción deciden no reportarlos por temor a perder su empleo o enfrentar algún tipo de represalia, un comportamiento que ha sido reportado en otras entidades, donde siete de cada 10 trabajadores reconocen que el miedo es el principal obstáculo para denunciar.
La propuesta colocaría a Chiapas entre las primeras entidades del país en contar con una legislación específica para proteger a denunciantes de corrupción, una medida que en diversas experiencias ha permitido incrementar hasta en un 30 por ciento la presentación de reportes relacionados con irregularidades administrativas y uso indebido de recursos públicos.
Las áreas de obra pública, infraestructura, salud y fiscalización municipal concentraron buena parte de las denuncias que llegan a las autoridades estatales, por lo que la protección de datos personales y el acompañamiento institucional buscan fortalecer la participación ciudadana y aumentar las posibilidades de que los casos avancen hacia procesos de investigación y sanción.
La propuesta también busca reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la corrupción, debido a que organismos internacionales han identificado que los estados con mayores niveles de protección a denunciantes suelen registrar mejores indicadores de transparencia y una mayor detección de actos irregulares dentro de la administración pública.
