Sin garantías para ejercer la profesión, la verdad corre el riesgo de ser sepultada por el silencio y el miedo
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El Congreso del Estado de Chiapas fue testigo de una movilización atípica y contundente, donde periodistas, reporteros, fotógrafos, corresponsales y representantes de los medios de comunicación de la entidad se congregaron a las afueras del recinto legislativo para levantar la voz ante el cobarde atentado armado que sufrió Marcos Ramos, director del portal informativo Real Cintalapa, la noche del martes.
El ataque, que ha conmocionado al gremio y a la sociedad chiapaneca, ocurrió en la colonia Tepeyac del municipio de Cintalapa, momentos después de que el comunicador transmitiera en vivo los festejos por el pase de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol. Según los primeros reportes, cuando Ramos se retiraba de la cobertura, sujetos armados le dispararon en plena vía pública. Testigos presenciales relataron que el periodista recibió al menos cuatro impactos de bala por la espalda. Vecinos de la zona auxiliaron de inmediato al herido, quien fue trasladado de emergencia a un hospital del IMSS, donde su estado de salud se reporta como delicado, luchando entre la vida y la muerte. Posteriormente, fue canalizado al hospital Gilberto Gómez Maza para recibir atención especializada.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya desplegó un operativo especial para dar con los responsables. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca instruyó a la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas y a peritos para esclarecer el móvil del crimen y ha asegurado que “no habrá impunidad” en este caso.
Sin embargo, para el gremio periodístico, este ataque no es un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de una crisis de inseguridad que sofoca el ejercicio de la libertad de expresión en Chiapas, particularmente en regiones donde el crimen organizado ha impuesto su ley. El ataque a Marcos Ramos ocurre en medio de una escalada de violencia que ha convertido a Cintalapa en un punto rojo del mapa nacional, debido a la feroz pugna territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan el control de rutas para el trasiego de drogas, armas y migrantes.
La movilización de este miércoles fue encabezada por representantes del Foro de Periodistas Chapanecos, Asociación Civil, y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP). Desde las escalinatas del Congreso, los comunicadores alzaron la voz para exigir justicia y un alto a la violencia que los acecha.
El corresponsal Gaspar Romero, en representación del foro de periodistas, fue el primero en tomar la palabra para expresar la indignación y exigencia del gremio: “Queremos decir, como Foro de Periodistas Chapanecos, que se llegue hasta las últimas consecuencias de este hecho tan lamentable, que en pleno siglo XXI no podemos estar sufriendo los trabajadores o los periodistas que ejercemos esta honorable profesión, atentados por delincuentes que andan sueltos y que de alguna manera están tratando de acabar con la libertad de expresión”.
Romero añadió un mensaje de solidaridad con la familia de Marcos Ramos y exhortó a las autoridades a no convertir a los periodistas en meras estadísticas. “Es por eso que en este momento nos pronunciamos porque ya se haga un ‘ya basta’ contra los atentados a la libertad de expresión y un ‘ya basta’ para que los periodistas chapanecos podamos ejercer libremente nuestro trabajo de manera profesional, un ‘ya basta’ para que las autoridades no nos conviertan en estadísticas como ha sucedido en casos anteriores aquí en el estado de Chiapas y en el resto del país”.
Por su parte, Javier Opón, representante del SNRP, hizo un llamado directo a las más altas autoridades del estado. “Hacemos un llamado al gobernador del estado, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, también a la secretaria de Gobierno Dulce María Rodríguez Obando, al fiscal general del estado Jorge Luis Llaven Abarca y desde luego al secretario de seguridad pública Óscar Aparicio Bendaño, para que se den los resultados inmediatos a este atentado que sufrió el día de ayer el compañero Marcos Ramos”, exigió Opón, subrayando que Cintalapa es reconocida como una zona roja con alto índice de presencia del crimen organizado.
Opón recordó que este no es el primer ataque contra la prensa en la entidad, mencionando el caso del periodista Alberto Chamé, agredido semanas atrás por un profesor de la Sección 7 del SNTE, y cuyo agresor, a pesar de tener evidencia en su contra, no ha enfrentado consecuencias legales. “Hoy hacemos este llamado a la unidad, a que nos sumemos todos los que estamos aquí, que no seamos nosotros las noticias, que no seamos el centro de la información, porque nosotros somos los que debemos comunicar a la sociedad”, sentenció.
EL RIESGO DE LAS “ZONAS DE SILENCIO” Y EL MIEDO A INFORMAR
En sus intervenciones, los líderes gremiales abordaron el tema de la autocensura, un fantasma que ya recorre otras entidades del país. Ante la pregunta de si el gremio corre el riesgo de llegar a tener “zonas de silencio”, donde los reporteros eviten cubrir ciertos temas por miedo a represalias, Javier Opón fue enfático: “Sí, corremos el riesgo, aunque Chiapas no estamos en ese foco rojo como Veracruz, donde recientemente dos compañeros fueron asesinados, o en Michoacán, donde los compañeros se han impuesto esa autocensura, pero no vamos a esperar que esto suceda, por eso estamos pidiendo a las autoridades que se dé con los responsables y que se presenten ante la justicia”.
Esta preocupación fue reforzada al recordar que casos de violencia contra periodistas suelen darse en zonas con alta presencia del crimen organizado, como lo que ocurre actualmente en Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla y otros municipios de la región. La disputa entre cárteles, que ha dejado una estela de violencia y ejecuciones en la zona, crea un ambiente de riesgo extremo para quien intenta informar.
“Ahora sabemos que en Cintalapa hay presencia del crimen organizado y no queremos señalar de manera directa al crimen organizado, sino que lo que sí exigimos es que la autoridad, en este caso de Procuración de Justicia, haga la investigación correspondiente para garantizar el trabajo periodístico en esos municipios”, aclaró Opón.
El punto culminante de la protesta fue la lectura de un pronunciamiento oficial por parte de Alfredo Pacheco, reportero y miembro del SNRP. El texto, leído frente a los medios y las autoridades presentes, condenó enérgicamente la agresión y exigió justicia.
“El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, delegación Chiapas, condena enérgicamente la agresión armada contra el periodista Marcos Ramos en Cintalapa, es el director del medio Real Cintalapa y corresponsal regional. Este hecho representa una grave agresión no solamente contra un compañero del gremio periodístico, sino también atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la sociedad para estar informada”, leyó Pacheco.
“Exigimos a las autoridades que se garantice la seguridad e integridad de Marcos Ramos y de su familia, así como la aplicación efectiva de las medidas de protección correspondientes. Demandamos que este caso no quede impune y que se actúe con prontitud para identificar y detener conforme a derecho a quien o quienes resulten responsables”, agregó el comunicado, que finalizó con la poderosa consigna: “No se mata la verdad matando periodistas”.
El gremio también hizo un llamado a la sociedad para no polarizar y reconocer la labor del periodista, recordando que su trabajo no es ser el enemigo, sino el transmisor de la información. “Si no somos enemigos de la sociedad, al contrario, entre más apertura informativa tendremos o tengamos, más información se va a generar. Si desde la sociedad misma se destruye el ejercicio de informar, pues entonces no somos una sociedad completa, ni siquiera con principios democráticos”, reflexionó Javier Opón.
UNA REGIÓN ATRAPADA POR EL CRIMEN
El atentado contra Marcos Ramos no puede entenderse sin el contexto de violencia que vive Cintalapa. El municipio, situado en los límites con Oaxaca, se ha convertido en un escenario crítico de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Esta disputa no solo ha cobrado la vida de decenas de personas en los últimos meses, sino que ha permeado las instituciones locales.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado detuvo al alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, señalado de diversos delitos que incluyen ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción, malversación de recursos públicos y, lo más grave, su posible vinculación con grupos criminales. El edil, reelecto por el partido Morena, fue arrestado junto a otros exfuncionarios, como el extesorero y la exsíndica, en una serie de operativos que revelaron el grado de infiltración del crimen organizado en la administración pública municipal. Se presume que daban protección y actuaban como halcones para una célula criminal vinculada al CJNG.
Estas detenciones se suman a las de al menos 11 policías municipales de la región, acusados de uso indebido de uniformes e insignias y posibles nexos con el crimen organizado. La propia síndica del ayuntamiento, Sally Gallardo Núñez, fue detenida posteriormente por abuso de autoridad al permitir pagos a policías sin certificación de control de confianza.
A finales de diciembre de 2025, la violencia estalló en Villaflores, un municipio cercano, con el ataque e incendio de dos bares por parte de un comando armado del CJNG. El saldo fue de tres mujeres heridas y ocho personas levantadas. Días después, seis de los secuestrados fueron hallados sin vida en el municipio de Cintalapa. Esta ola de violencia obligó a la movilización de unos 500 elementos de los tres órdenes de Gobierno.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN INTERNACIONAL
Los periodistas de Chiapas no se han quedado solo en las manifestaciones locales. Javier Opón anunció que el SNRP ya ha puesto en conocimiento de estos hechos a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), quienes se espera emitan pronunciamientos. Asimismo, se hizo un llamado a organizaciones civiles de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Matías de Córdova y Digno Ochoa, para que pongan su atención en la crítica situación que enfrentan los comunicadores en Chiapas.
“No solo es Marcos quien está ahorita en un momento crítico, es la libertad de expresión y todos aquellos que formamos el gremio periodístico porque hoy fue Marcos, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, concluyó Gaspar Romero, dejando claro el sentimiento de vulnerabilidad que embarga al gremio.
El grito de los periodistas en Chiapas resuena como una advertencia: sin garantías para ejercer la profesión, la verdad corre el riesgo de ser sepultada por el silencio y el miedo. La exigencia de justicia para Marcos Ramos se ha convertido en una batalla por la supervivencia del periodismo en una de las regiones más convulsionadas de México.
