Viven su propio viacrucis a la intemperie de las salas de espera urbanas.
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Para las familias de los pacientes que se encuentran internados en el hospital pediátrico, el ingreso a un hospital no solo marca el inicio de una batalla contra la enfermedad, sino también el comienzo de un desgaste económico, físico y emocional que deben soportar a la intemperie, enfrentando las inclemencias del tiempo, la falta de infraestructura y la inseguridad que ronda los complejos médicos.
Berta Gómez García, originaria de la comunidad de El Parral, es el rostro de esta realidad, hace dos días su vida se detuvo cuando tuvo que trasladar de emergencia a su hija hacia el hospital debido a un cuadro de dolores abdominales severos. El diagnóstico preliminar reporta una inflamación del hígado y un probable caso de hepatitis; sin embargo, los médicos continúan realizando estudios exhaustivos para identificar con precisión el origen de la gravedad.
Si bien la señora Berta reconoce y agradece la eficiencia y la comunicación constante por parte del cuerpo médico quienes la mantienen al margen y al tanto de cada avance, la realidad extramuros ofrece un panorama drásticamente distinto y hostil.
“Venimos a sufrir; nosotros sí sabemos bien que venimos a sufrir por nuestros pacientes”, afirma Gómez García con una resignación que devela el abandono institucional hacia los cuidadores. Para familias que viajan desde municipios del interior del estado, la estancia afuera del hospital se convierte en un flujo constante de microgastos que merman rápidamente su economía.
La infraestructura pública no contempla un espacio digno para el descanso de los familiares, lo que ha dado pie a una economía informal de la necesidad. Sentarse a esperar noticias cuesta dinero: la renta diaria de una silla plegable tiene un valor de 25 pesos, mientras que el acceso al baño se cobra en 10 pesos por ocasión.
Haciendo cálculos económicos restrictivos, y recortando las necesidades básicas a una sola comida al día para estirar los recursos, una familia promedio gasta un estimado mínimo de 100 pesos por jornada. “Tratamos de comer lo menos posible porque no sabemos a qué atenernos”, relató Berta, quien cuenta con el apoyo de su esposo y su yerno para solventar los gastos de una estancia que, debido a la complejidad del diagnóstico, “va para largo”.
A este escenario se suma el desabasto intermitente de medicamentos, aunque en el caso de la hija de Berta el hospital ha cubierto la mayor parte del tratamiento, la entrega de recetas para adquirir fármacos particulares en farmacias externas sigue siendo una constante que desequilibra cualquier presupuesto familiar.
La incertidumbre médica y la precariedad económica no son los únicos enemigos en las inmediaciones de los nosocomios. La seguridad en las áreas perimetrales se ha convertido en una preocupación creciente para las personas que pernoctan en las aceras.
A pesar de que Berta Gómez señala no haber sido víctima directa de percances o agresiones durante sus primeras 48 horas de espera, el temor es generalizado. Los testimonios sobre robos a las pertenencias de los familiares despiertan alertas continuas. “He escuchado que muchas personas que malviven la vida tratan de asaltar; se aprovechan de la vulnerabilidad de uno que está aquí y se llevan las cositas de las personas que estamos esperando”, comenta.
El impacto de la hospitalización extiende sus secuelas mucho más allá de los muros clínicos, fracturando temporalmente la dinámica de los hogares. La hija de Berta es madre de dos niños pequeños que hoy resienten su ausencia.
El cuidado de los menores se vuelve un desafío logístico y emocional para las familias de comunidades rurales, donde los roles de cuidado están sumamente arraigados. “Es bastante difícil e incómodo porque los niños necesitan a sus mamás”, concluyó Berta con la mirada puesta en la puerta de urgencias, reflejando el dolor de la separación y la urgencia de un sistema de salud que no solo cure al enfermo, sino que trate con dignidad a quienes esperan por ellos.
