Se enfrenta a una de las crisis más severas en materia de acceso, saneamiento y justicia hídrica
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Chiapas es un estado de contrastes profundos, considerado la “reserva de agua” de México, albergando cerca del 30 por ciento del recurso hídrico superficial del país, se enfrenta a una de las crisis más severas en materia de acceso, saneamiento y justicia hídrica. Esta paradoja, donde la abundancia natural no se traduce en bienestar para su población, ha colocado al derecho humano al agua y saneamiento en el centro del debate público y legislativo.
En este contexto, la armonización de la nueva Ley General de Aguas (publicada en diciembre de 2025) en el estado de Chiapas se perfila como un parteaguas histórico. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Alianza Aguas Comunes, han lanzado una advertencia y una propuesta clara: la nueva legislación estatal debe, de manera imperativa, reconocer y fortalecer la gestión comunitaria del agua, un pilar que durante décadas ha sostenido el acceso al vital líquido en los territorios donde el Estado ha sido ausente.
EL ROSTRO DE LA CRISIS: UN ESTADO CON AGUA, PERO SIN ACCESO
Más allá de las estadísticas oficiales, la realidad en los territorios chiapanecos revela una crisis hídrica multidimensional, aunque CONAGUA reporta una cobertura de agua potable cercana al 89.9 por ciento, esta cifra se desvanece al analizar la calidad, la continuidad y el saneamiento. Más de tres mil litros por segundo de agua concesionada se pierden o no se aprovechan debido a la falta de infraestructura y capacidades técnicas.
Los datos son contundentes: Chiapas presenta los índices más bajos de desinfección de agua y los mayores rezagos en el tratamiento de aguas residuales, con una operación deficiente donde solo el cinco por ciento de las Plantas de Tratamiento funcionan correctamente. Esta situación afecta desproporcionadamente a las zonas rurales e indígenas, donde más del 50 por ciento de la población enfrenta carencias significativas. La falta de agua potable y saneamiento agrava problemas de salud pública como la desnutrición y la mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales, perpetuando ciclos de pobreza y marginación.
En las periferias urbanas, como la zona norte-poniente de Tuxtla Gutiérrez, la desigualdad también se manifiesta en el acceso al agua. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha emitido recomendaciones a municipios como la capital y La Trinitaria por la falta de suministro, mientras que las pérdidas por tomas clandestinas y “huachicoleo” de agua representan un problema estructural que se estima en decenas de millones de pesos en pérdidas anuales.
LA RESPUESTA SILENCIOSA: LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA
Frente al abandono institucional, las comunidades rurales, indígenas y escolares han construido una respuesta propia. A través de comités, patronatos, asambleas y sistemas normativos internos, han organizado la administración, distribución, mantenimiento y protección de sus fuentes de agua durante generaciones.
Estos sistemas comunitarios no solo operan la infraestructura; son el tejido social que garantiza la supervivencia en cientos de localidades. En municipios como Chenalhó, Oxchuc, Tenejapa o en comunidades tzeltales como Aguacatenango, la autogestión ha sido la única vía para acceder al agua, aunque esta lucha se ve amenazada por el cambio climático, la contaminación y la falta de apoyo técnico y financiero.
La nueva Ley General de Aguas, en su artículo 24, reconoce a estos sistemas comunitarios como corresponsables en la planeación y administración hídrica, al igual que las instituciones públicas, sin embargo, el reto para Chiapas es monumental: convertir este reconocimiento legal en una realidad operativa que no se limite a la retórica.
EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ALIANZA AGUAS COMUNES
En este marco, la Alianza Aguas Comunes, integrada por 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorios rurales e indígenas, ha hecho un llamado al Congreso local para que la nueva Ley de Aguas de Chiapas no solo armonice la ley federal, sino que ponga en el centro a las comunidades.
La organización, que ha mejorado el acceso a servicios de agua para más de 120 mil personas en 321 comunidades, plantea que la nueva legislación debe superar el enfoque asistencialista y construir una relación de corresponsabilidad efectiva entre el Estado y las comunidades. “No se trata de sustituir la responsabilidad pública, sino de establecer una relación donde las comunidades conserven su autonomía, los municipios trabajen coordinadamente y la CEAS (Comisión Estatal de Aguas) funcione como eje de una política hídrica integral”, señala el comunicado de la Alianza.
Para lograrlo, la Alianza Aguas Comunes propone cinco puntos mínimos que deben ser incorporados en la nueva ley:
1. Reconocimiento de la autogestión comunitaria: Respetar la autonomía, las formas organizativas y los sistemas normativos propios de las comunidades en la gestión del agua.
2. Corresponsabilidad estado-comunidad: Establecer un vínculo equilibrado para evitar que el reconocimiento comunitario se convierta en una carga desproporcionada o en el traslado de obligaciones públicas.
3. Asistencia técnica y recursos: Garantizar apoyo técnico y financiero para fortalecer las capacidades comunitarias en operación, mantenimiento, calidad del agua y protección de fuentes.
4. Fortalecimiento institucional municipal: Crear o fortalecer figuras como las Oficinas Municipales de Agua Rural, que sirvan como enlace permanente y de coordinación con los sistemas comunitarios.
5. Registro simple y gratuito: Establecer un registro de sistemas comunitarios con un enfoque declarativo, gratuito y sin trámites burocráticos que desconozcan la realidad comunitaria. La lógica debe ser “reconocer para apoyar”, no “registrar para sancionar”.
VOCES DESDE EL TERRITORIO: EXIGEN PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN
El proceso de armonización no está exento de tensiones. Organizaciones como la Red Defensora del Agua de Chiapas (REDACH) y la asociación Cántaro Azul han exigido que el Congreso local realice un proceso abierto, transparente y con participación ciudadana efectiva, evitando los “procesos acelerados o a puerta cerrada” que han caracterizado reformas anteriores.
Cynthia Reyes Hartman, directora de Cántaro Azul, ha destacado que la gestión comunitaria es la principal forma de acceso al agua en el estado, incluso en zonas urbanas. Por ello, el reconocimiento debe traducirse en “reglas claras, acompañamiento técnico y presupuesto suficiente”. Desde las escuelas, estudiantes como Alicia Domínguez, de la Secundaria Técnica 66 de San Cristóbal de Las Casas, han alzado la voz para que la ley garantice condiciones dignas de acceso al agua, higiene y saneamiento en los planteles educativos.
María Luisa Gómez Pérez, integrante de un comité de agua en la comunidad de Cítala, hizo un llamado urgente a las autoridades para atender la falta de recursos, puesto que la escasez de agua impacta directamente en hogares y escuelas.
CONCLUSIÓN: UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA LA JUSTICIA HÍDRICA
Chiapas se encuentra en una encrucijada, La nueva Ley de Aguas representa una oportunidad única para transitar hacia una política hídrica basada en la justicia, la equidad y el respeto a la diversidad cultural. La clave, como lo señalan las comunidades y organizaciones, está en reconocer que la gestión comunitaria es una base viva y efectiva sobre la cual construir soluciones duraderas.
El desafío para el Congreso y el Ejecutivo estatal es escuchar estas voces y traducir los cinco puntos mínimos en una legislación que no solo cumpla con los mandatos federales, sino que realmente garantice el derecho humano al agua para todas y todos los chiapanecos, empezando por quienes, en silencio y con sus propias manos, han sostenido el agua en los territorios. El agua es un bien común y un derecho humano que debe ser protegido, y su protección comienza por reconocer a sus guardianes ancestrales.
