Chiapas ya cumplía con el tope de miembros del cabildo, por lo que el cambio no reduce cargos, pero impide que crezcan en el futuro
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La reforma constitucional que acaba de aprobar Chiapas no va a cambiar de un día para otro la composición de los cabildos, porque ninguno de los 124 municipios del estado tiene más de 15 regidurías, pero sí deja por escrito que ese será el límite para todos los ayuntamientos del país y que el Congreso local también tendrá un límite para su gasto.
En la práctica, la comarca ya cumplía con la nueva regla, por lo que no habrá un recorte inmediato de regidores, aunque sí se evita que en el futuro aumente el número de cargos por encima de ese límite, algo importante porque una estructura más grande también significa más sueldos y más dinero para mantenerla, recursos que podrían utilizarse en otras necesidades de los municipios.
La paridad es la otra parte de la reforma y ahí el panorama todavía tiene pendientes, puesto que en las elecciones de 2024 fueron electas 872 mujeres de un total de mil 564 personas que llegaron a cargos públicos en la entidad, pero solo 24 ayuntamientos quedaron encabezados por mujeres, lo que muestra que tener más mujeres en los gobiernos no significa todavía que lleguen en la misma proporción a los puestos de mayor poder.
El segundo límite, cuyo presupuesto no podrá superar 0.70 por ciento del gasto total de la entidad, una regla que busca frenar el crecimiento del gasto legislativo, en un estado cuyo presupuesto para 2026 supera los 141 mil millones de pesos y donde el Congreso tiene asignados más de 342 millones, por lo que el nuevo techo obliga a revisar cuánto cuesta mantener la estructura legislativa
El cambio tendrá su primera prueba completa en las elecciones de 2027, cuando la región renueve sus ayuntamientos y el Congreso local, aunque en los municipios la reforma solo vuelve obligatorio algo que ya ocurría, mientras que el límite al gasto legislativo sí puede generar ajustes, por eso el resultado dependerá de si los posibles ahorros terminan en servicios y obras para la población o se quedan en una promesa de austeridad.
