De 2013 a 2018 fueron suspendidos 12 a 104 servidores y entre diciembre de 2018 y julio de 2024 fueron cinco mil 781
PORTAVOZ/AGENCIAS
Durante el régimen del presidente Enrique Peña Nieto habrían sido incapacitados y destituidos más servidores que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, en esta última administración se registró el mayor número de procedimientos iniciados, mayores montos de multas impuestas e inhabilitaciones contra proveedores y contratistas del Gobierno federal, señalan cifras del adminitración federal.
No se dispone de información para comparar los dos periodos de gobernación desde el día que inició hasta el que terminó cada uno; sin embargo, los reportes de su último informe de cada uno de ellos (el cual rindieron antes de que concluyeran completamente su administración) permiten darse una idea de lo que ocurrió en esos aspectos.
De acuerdo con lo consignado en el sexto informe de Gobierno de Peña Nieto, de enero de 2013 a julio de 2018, es decir, en la mayor parte del sexenio de ese mandatario, se contabilizaron 53 mil 439 sanciones (son de diversos tipos) contra servidores públicos, de las cuales 12 mil 104 fueron inhabilitaciones; siete mil 205 destituciones y nueve mil 826 suspensiones.
Además, se impusieron tres mil 410 sanciones económicas, 10 mil 616 amonestaciones privadas y 10 mil 278 amonestaciones públicas, según consta en el sexto informe de labores de la entonces Secretaría de la Función Pública.
Del 1 de diciembre de 2012 al 10 de agosto de 2018, se concluyeron 631 expedientes de situación patrimonial, de los cuales 416 fueron enviados a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, 76 a la PGR, seis al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un expediente al OIC del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y 132 al archivo, por falta de elementos.
En tanto, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de julio de 2024, es decir, en prácticamente la totalidad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los castigos impuestos son los siguientes: cuatro mil 213 amonestaciones públicas y privadas; cinco mil 781 inhabilitaciones; 726 destituciones; tres mil 923 suspensiones y 623 sanciones económicas.
Las cifras consideran que un mismo servidor público pudo recibir más de una pena y dichos números pueden tener variaciones por los medios de defensa interpuestos con motivo de estas.
En este mismo periodo de la administración del presidente López Obrador, el monto financiero de los castigos impuesto por las oficinas centrales, por los Órganos Internos de Control Específicos y Especializados, y por las Unidades de Responsabilidades, suma una cantidad superior a 10,135 millones de pesos.
Las causas por las que fueron impuestas, con base en las leyes Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), según la temporalidad en que ocurrieron los hechos, son: seis mil 201 por negligencia administrativa; siete mil 124 por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial; 281 por violación a procedimientos de contratación y mil 725 por otras causas.
Según el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas, en esa administración, en cumplimiento de la LGRA, la SFP había remitido hasta el 18 de julio de 2024 a dos mil 814 expedientes por faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), para que, si así lo determinara, continuará el procedimiento correspondiente; en el primer semestre de 2024 fueron 287 los remitidos.
CON AMLO AUMENTÓ MONTO GLOBAL DE MULTAS A PROVEEDORES
Entre 2013 y 2018 el Gobierno federal inició 583 procedimientos que derivaron en sanciones en contra de proveedores y contratistas del Gobierno federal y la imposición de multas por un monto global de 283 millones de pesos.
Mientras, entre 2019 y 2024 se iniciaron 673 procedimientos que derivaron en castigos en contra de proveedores y contratistas del Gobierno federal y multas por mil 544 millones de pesos.
El primer periodo en cuestión abarca prácticamente toda la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que gobernó del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 y el segundo prácticamente toda la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue titular del poder Ejecutivo federal del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.
De acuerdo con datos del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de los procedimientos iniciados entre 2013 y 2018 se ordenaron 401 inhabilitaciones contra empresas por periodos de entre un mes y cinco años con cuatro meses. La multa más alta es de 70 millones de pesos contra la empresa Savi Distribuciones, S.A. de C.V.
En tanto, entre 2019 y 2024 se ordenaron 486 inhabilitaciones contra empresas proveedoras y contratistas del Gobierno federal (de tres meses a siete años), la multa más alta fue por 100 millones de pesos para la empresa Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, S.A. de C.V. Es una de las 10 sancionadas con inhabilitación por siete años en ese periodo.
La base de datos consultada muestra que, en 2025, se iniciaron 38 procedimientos que derivaron en sanciones y multas por un monto conjunto de 22 millones de pesos.
Gobierno de Claudia Sheinbaum acumula más de dos mil funcionarios del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2025, es decir, en la primera etapa del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, mil 858 funcionarios habían sido sancionados con faltas no graves y 397 por faltas severas.
Además, 913 servidores fueron objeto de investigaciones relacionadas con posibles responsabilidades penales. Asimismo, fueron sancionados 40 particulares y 142 empresas proveedoras del Gobierno; de estas últimas 98 fueron inhabilitadas.
A esos números habría que sumar al menos 173 funcionarios y 59 empresas sancionadas, cuya información dio a conocer la dependencia entre agosto de 2025 y junio de 2026.
Eso significa que se habrían emitido ya sanciones contra dos mil 031 funcionarios y alrededor de 241 contra empresas en lo que va de la actual administración federal.
