La indignación, la broma y una crisis de infancia que no cesa
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
FOTOS: ALEJANDRO LÓPEZ
La difusión de un video que muestra la violación de un menor de edad en la comunidad de Los Naranjos, Sabanilla, desató la indignación y una rápida movilización de las autoridades, pero también encendió las alarmas sobre la violencia estructural que lacera a la niñez chiapaneca, donde el 60 por ciento de los agresores pertenecen al círculo familiar y la impunidad sigue siendo la norma.
La noche del sábado 25 de julio de 2026, la indignación recorrió las redes sociales de Chiapas como un incendio. Un video, filmado a plena luz del día en la comunidad de Los Naranjos, municipio de Sabanilla, mostraba la escena más atroz: tres hombres participaban en la agresión sexual de un niño de ocho años. Dos de ellos sometían y violentaban al pequeño, mientras un tercero grababa el acto con un teléfono celular, convirtiendo el sufrimiento infantil en contenido viral.
Las imágenes, que circularon durante horas, llevaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a activar de inmediato un operativo. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca instruyó a la Fiscalía de Justicia Indígena, peritos y agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial para que se trasladaran a la zona y esclarecieran los hechos. En un comunicado, la dependencia aseguró que “no habrá impunidad ante este y ningún hecho que vulnere la integridad de las niñas, niños o adolescentes”.
Paralelamente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) abrió de oficio el expediente CEDH/QUEJA/0688/2026 para investigar posibles violaciones a los derechos del menor y verificar que las autoridades implementen medidas de protección integral. La presidenta del Congreso local, Alejandra Gómez, condenó la agresión y pidió a la población no compartir el material para evitar una mayor victimización
“SOLO FUE UNA BROMA”: EL INTENTO DE SILENCIAR EL CRIMEN
Mientras las autoridades iniciaban la búsqueda de los responsables, un giro inesperado intentó sepultar el caso. Rully Saenz, uno de los primeros usuarios en difundir el video en redes sociales, eliminó el material y aseguró que la madre del menor se había comunicado con él para afirmar que todo se trataba de “una broma”. “Resulta que no era verdad, pues era una broma según lo que me comentaron los familiares cercanos al menor. Estaban jugando, bromeando vaya, entonces como no puedo dar certeza de que era verdad, decidí borrarlo”, declaró.
Sin embargo, esta versión choca con la evidencia del video y con el protocolo de las autoridades. Organizaciones defensoras de la infancia han señalado que es común que las familias, por temor, vergüenza o presión comunitaria, minimicen estos crímenes para evitar la intervención estatal. La Red Intercultural de Abogadas de Chiapas A.C. exigió a la Fiscalía no solo dar con los agresores, sino también localizar al niño para resguardarlo y evitar que continúen ejerciendo violencia en su contra, instando a que la investigación se desarrolle con “perspectiva intercultural y de infancia, evitando generar una victimización secundaria”.
UN ESTADO EN CRISIS: LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
El caso de Sabanilla no es un hecho aislado, es una ventana a la emergencia humanitaria que vive la niñez en Chiapas. El estado ocupa cifras alarmantes en violencia sexual infantil, de acuerdo con el blog de datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2025 se registraron 324 casos de violencia sexual contra menores de edad en el país, con un incremento del 30.2 por ciento en el rango de 12 a 17 años .
En Chiapas, la situación es crítica, las zonas Altos e Istmo-Costa concentran la mayoría de las denuncias, datos de la REDIM indican que, durante el primer semestre de 2026, se registraron 37 casos de abuso sexual a menores de cero a 17 años, concentrándose en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. En 2021, los hospitales chiapanecos atendieron a 138 personas de cero a 17 años por violencia sexual, el 90.6 por ciento de ellas mujeres.
El dato más escalofriante es que el 60 por ciento de las agresiones sexuales ocurren dentro del hogar, perpetradas por personas cercanas al menor. Esto revela que el mayor peligro para un niño en Chiapas no está en la calle, sino en su propia casa.
EL GRITO DE LA SOCIEDAD CIVIL: “CERO IMPUNIDAD” NO BASTA
Ante la ola de violencia, organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz con dureza, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) calificó como “reflejo de la crisis de derechos humanos” el reciente parto de una niña tsotsil de 13 años en San Cristóbal de Las Casas, advirtiendo que los embarazos en menores de 14 años “no puede ni debe normalizarse, pues en su mayoría están vinculados a violencia sexual, uniones forzadas y fecundidad impuesta”.
Por su parte, la Colectiva 50 más 1 Chiapas condenó la agresión sexual contra una menor en el municipio de Juárez, denunciando que el presunto agresor, encargado de un espacio público, continúa en libertad, lo que calificaron como “un reflejo de la impunidad que persiste”. La organización Melel Xojobal, que documenta la violencia, ha registrado 79 muertes de niñas, niños y adolescentes en lo que va del año en la entidad, incluyendo 10 homicidios y seis feminicidios, cuestionando la efectividad de la campaña estatal “Cero Impunidad”.
La Fundación Internacional “Granito de Arena”, que atiende a 135 pacientes semanales víctimas de abuso, reporta que su capacidad está rebasada y carece de subsidios gubernamentales. Su presidenta, Elena del Rosario Torres Villanueva, ha firmado convenios de colaboración para prevenir el abuso, pero la demanda crece sin control.
LA RESPUESTA LEGISLATIVA: AVANCES INSUFICIENTES
En abril de 2025, el Congreso aprobó iniciativas clave, como la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores y reformas para fortalecer la protección infantil en el sector turístico, sin embargo, la lucha es cuesta arriba. La persistencia de prácticas como el matrimonio infantil, justificadas bajo el argumento de “usos y costumbres”, sigue siendo un obstáculo. Eufrosina Cruz, activista, fue tajante: “La prohibición sin castigo no sirve”.
Mientras las autoridades buscan a los agresores de Los Naranjos, la población chiapaneca se pregunta cuántos niños más deberán ser grabados, violados o asesinados para que el Estado actúe con la contundencia que la ley exige, la crisis de la infancia en Chiapas exige no solo reacción, sino políticas de fondo que rompan el silencio y protejan a la niñez desde el primer eslabón: el hogar.
