Autoridades han iniciado una investigación de fondo tras acumularse cinco denuncias formales por violencia contra estudiantes de nuevo ingreso
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha puesto la lupa sobre uno de los planteles educativos más emblemáticos y controversiales del sureste mexicano. La Escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicada al poniente de Tuxtla Gutiérrez, está en el ojo del huracán luego de que cinco denuncias formales por “novatadas” salieran a la luz, revelando un sistema de ingreso que, según los testimonios, implica castigos físicos extremos, privación de sueño y condiciones de insalubridad que han puesto en riesgo la vida de los aspirantes a docentes.
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ha instruido a la Fiscalía de Distrito Metropolitano y a un grupo especializado de investigadores para que realicen las diligencias pertinentes. “Suman cinco denuncias y se están haciendo las diligencias necesarias para darle seguimiento a las llamadas novatadas”, confirmó el funcionario, quien subrayó la gravedad de los hechos que han mantenido en vilo a las familias de los estudiantes.
EL CALVARIO DE CUATRO DÍAS: TESTIMONIO DE UN PADRE
El caso más documentado hasta el momento es el de la hija del señor José Núñez Díaz, quien denunció públicamente el viacrucis que sufrió su hija y otros compañeros durante el curso de inducción que se lleva a cabo del 20 de julio al 4 de agosto. Según el testimonio del padre, los jóvenes no solo fueron sometidos a exigencias académicas, sino a un régimen de violencia sistemática.
“Durante cuatro días, a mi hija no le permitieron dormir adecuadamente, la obligaron a realizar trabajos agrícolas forzados y a hacer 300 sentadillas diarias”, declaró Núñez Díaz con la voz entrecortada. El padre de familia detalló que las condiciones eran tan extremas que al menos 15 jóvenes fueron abandonados en un parque de la ciudad el miércoles pasado tras presentar un cuadro de colapso físico y mental. “Lo que vio mi hija es que desde el domingo no les dejaron dormir ni siquiera una hora, no podía hilar sus palabras, estaba muy mal psicológicamente”, agregó.
El panorama se vuelve más sombrío al conocer las condiciones de salubridad, los padres denuncian que a los estudiantes no se les proporcionaba agua potable, “solamente les daban un vasito de agua para cinco personas al día, los llevaban al campo forzosamente y les obligaban a arrancar montes con las manos”, relató Núñez, quien informó que su hija fue atendida por deshidratación en el hospital del IMSS y posteriormente en el hospital comunitario de Simojovel, donde quedó constancia médica de su estado crítico.
EL MIEDO EN COMUNIDADES INDÍGENAS
Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es la vulnerabilidad de los estudiantes provenientes de comunidades indígenas. Núñez Díaz advirtió que muchos jóvenes, al no dominar el español, son reacios a denunciar los abusos. “Hay jóvenes que están convulsionándose, desmayándose, pero como son comunidades indígenas que no hablan bien el español, tienen miedo de salir”, denunció. Este fenómeno agrava la situación, puesto que aísla a las víctimas y perpetúa el ciclo de abuso al amparo del silencio.
Desde el inicio del proceso de inducción, se estima que más de 70 aspirantes han desistido de continuar en el plantel, incapaces de soportar las exigencias físicas, que lejos de ser formativas, resultan devastadoras.
UN PATRÓN DE VIOLENCIA HISTÓRICO
La actual ola de denuncias no es un hecho aislado en la historia reciente de la Mactumactzá, el recuerdo de tragedias pasadas resuena con fuerza en la memoria de la comunidad educativa, en 2017, una estudiante falleció durante un proceso de inducción. Al año siguiente, en 2018, otro alumno perdió la vida y dos más fueron hospitalizados tras presuntas novatadas. Estos antecedentes macabros han llevado a los padres de familia a exigir una intervención urgente para evitar que la historia se repita.
EXIGENCIAS Y SILENCIO OFICIAL
Los padres de familia, organizados en un frente común, han presentado denuncias formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en la ventanilla de Atención Ciudadana del Palacio de Gobierno. Su demanda es clara: justicia exclusivamente contra los comités estudiantiles responsables y no contra la institución educativa en su conjunto. Solicitan además la reubicación de los estudiantes afectados en otras normales para que no pierdan su matrícula. “Ninguna tradición está encima de los derechos humanos ni de la Constitución”, enfatizó Núñez Díaz.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades del plantel ha sido nula, el director de la normal no ha dado respuesta a las solicitudes de los padres, lo que ha incrementado la desesperación y la sensación de abandono. “Pedimos al Gobierno federal y estatal que se inspeccione el lugar y que en años futuros haya Comisión de Derechos Humanos vigilando estos cursos. No queremos que lleguen a matar a los alumnos”, concluyó el padre de familia, quien hizo un llamado urgente a otros padres para que verifiquen el estado de sus hijos, puesto que advirtió que esta semana los normalistas podrían ser llevados a albercas y sumergidos hasta donde aguanten la respiración, en un ritual que ya ha cobrado víctimas en el pasado.
Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, la Escuela Normal Rural Mactumactzá se encuentra en el centro de la polémica, evidenciando las oscuras tradiciones que persisten en el sistema educativo mexicano y la lucha de los padres por romper el pacto de silencio que protege a los agresores.
