Alrededor de 40 migrantes cubanos prendieron fuego a colchonetas para evitar su deportación, en el primer incidente de este tipo durante el Gobierno de Sheinbaum
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La noche del sábado 1 de agosto y la madrugada del domingo 2 se vivieron horas de tensión en la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, considerada el principal centro de detención migratoria en la frontera sur de México. Un motín protagonizado por un grupo de aproximadamente 40 migrantes cubanos, quienes se enfrentaban a una deportación inminente, desencadenó un incendio dentro de las instalaciones y una movilización sin precedentes de fuerzas federales, estatales y municipales, incluyendo elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los migrantes cubanos habían sido asegurados y trasladados desde el centro del país a la estación migratoria en Tapachula después de no poder acreditar su estancia legal en México. Al ser informados de que serían deportados a su país de origen, la desesperación cundió entre el grupo, quienes presuntamente incendiaron colchonetas en los dormitorios como acto de protesta y para evitar ser repatriados. El fuego y los disturbios obligaron a las autoridades a solicitar apoyo inmediato para controlar la situación.
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN Y DETENCIONES
Un operativo de seguridad se desplegó en el perímetro de la estación migratoria, ubicada en la colonia 5 de Febrero, mientras que un grupo de agentes ingresó al inmueble para controlar a las personas alojadas y sofocar el incendio. La movilización, que duró aproximadamente dos horas y media, logró restablecer el orden sin que se reportaran personas lesionadas, según el comunicado oficial del Instituto Nacional de Migración (INM).
Como resultado de los hechos, dos personas fueron detenidas y remitidas a las autoridades correspondientes. Si bien los reportes iniciales señalaban que los involucrados en el motín eran de nacionalidad cubana, fuentes de seguridad confirmaron que los dos detenidos son de origen venezolano. Se trata de Henderson Villaroel Chopite y Howard David Caballero, quienes fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, para enfrentar un proceso legal que derivará en su deportación inmediata. En un comunicado, el INM aseguró que la situación fue atendida mediante el diálogo y la coordinación interinstitucional, y que en todo momento se privilegió el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.
“UNA CÁRCEL MIGRATORIA”: LA DENUNCIA DE ACTIVISTAS
Mientras el operativo se desarrollaba, hasta las inmediaciones de la estación migratoria llegó Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., quien calificó a la Estación Siglo XXI como una “cárcel migratoria” y exigió a las autoridades transparencia sobre lo que ocurre al interior del inmueble. El activista denunció que en este centro no solo se encuentran migrantes cubanos y venezolanos, sino también personas deportadas desde Estados Unidos que son mantenidas en condiciones de incomunicación, con estancias que pueden superar los 10 días, y sin acceso a una defensa jurídica adecuada.
García Villagrán señaló que existe una violación sistemática a los derechos humanos, dado que los migrantes son obligados a contratar servicios legales particulares para conocer el estatus de sus procesos y, en muchos casos, son víctimas de extorsión. “Pedimos a la opinión pública que abran las puertas de la estación migratoria, haya sido lo que haya sido, tenemos que saber como ciudadanos tapachultecos qué está pasando al interior de esta cárcel migratoria”, declaró el activista. Además, el representante del Centro de Dignificación Humana estimó que actualmente alrededor de 65 mil migrantes permanecen varados en la frontera sur de México, a la espera de una resolución favorable o negativa sobre sus procesos migratorios, lo que genera un caldo de cultivo para la desesperación y los conflictos.
CONTEXTO DE PRESIÓN MIGRATORIA Y ANTECEDENTES
Este motín representa el primer incidente de esta naturaleza registrado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ocurre en un contexto de alta presión migratoria en la frontera sur. Las políticas migratorias restrictivas implementadas por Estados Unidos, sumado a la saturación de los centros de detención y la lentitud en los procesos de asilo, han mantenido a miles de personas en un limbo jurídico y en condiciones de hacinamiento.
El incidente en Tapachula ha reavivado el fantasma de la tragedia ocurrida en marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un incendio provocado por migrantes dejó un saldo de 40 personas fallecidas. En aquella ocasión, el excomisionado del INM, Francisco Garduño, fue vinculado a un proceso judicial por su probable responsabilidad en los hechos. Las organizaciones civiles han advertido que, de no atenderse las condiciones estructurales y de derechos humanos en los centros migratorios, escenarios como el de Ciudad Juárez y el motín del pasado sábado en Tapachula podrían repetirse con consecuencias aún más graves.
