Andrea Flores Mena
Durante décadas, la política mexicana aprendió a convivircon una contradicción incómoda: hablaba de igualdad mientras reservaba el poder real para los hombres, las mujeres podían aparecer en las campañas, integrar planillas o asumir cargos secundarios, pero las decisiones estratégicas seguían concentrándose en las mismas manos, la reforma constitucional de “Paridad en Todo” cambió las reglas del juego, pero no logró modificar por completo la cultura política y los partidos encontraron maneras de cumplir la ley sin alterar sus inercias.
La simulación también aprendió a ser paritaria.
Por eso la propuesta anunciada en Chiapas para impulsar una acción afirmativa que permita que aproximadamente la mitad de las presidencias municipales sean encabezadas por mujeres merece algo más que una nota política, merece un debate nacional.
Porque la verdadera discusión no consiste en preguntarse si las mujeres están preparadas para gobernar, esa pregunta llega tarde, la pregunta correcta es otra: ¿por qué, si representan más de la mitad de la población, todavía resulta extraordinario que gobiernen los municipios más importantes del país?
La política mexicana suele presumir avances cada vez que una mujer ocupa un cargo de alta responsabilidad, se celebra como un hecho histórico, cuando debería ser simplemente normal. Esa necesidad permanente de convertir cada nombramiento femenino en una excepción demuestra que la igualdad todavía no termina de consolidarse.
En ese contexto, la propuesta del gobernador Eduardo Ramírez rompe con una lógica que durante años resultócómoda para todos los partidos: postular mujeres donde había pocas posibilidades de triunfo y reservar las plazas estratégicas para los hombres, la jurisprudencia electoral ya había comenzado a cerrar esa puerta al exigir paridad horizontal y vertical en las candidaturas; ahora el planteamiento chiapaneco busca llevar ese principio un paso más allá.
Desde luego, aparecerán las críticas conocidas:
Que si ahora los hombres serán discriminados.
Que si el mérito dejará de importar.
Que si las candidaturas deberían decidirse únicamentepor capacidad.
Son argumentos que resurgen cada vez que una acción afirmativa intenta corregir una desigualdad estructural, sin embargo, parten de una premisa equivocada: suponen que el sistema anterior premiaba exclusivamente el talento, la historia demuestra exactamente lo contrario.
Durante generaciones, miles de mujeres quedaron fuera no porque fueran menos capaces, sino porque nunca fueron consideradas competitivas por estructuras partidistas diseñadas por hombres y para hombres, hablar de mérito en un terreno históricamente desigual es ignorar que el punto de partida nunca fue el mismo.
Las acciones afirmativas no buscan regalar cargos buscan equilibrar una cancha que durante décadas tuvo una pendiente evidente, eso no significa que cualquier reforma deba aprobarse sin cuestionamientos, al contrario, si la iniciativa prospera, el Congreso local, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y eventualmente los tribunales electorales tendrán la obligación de cuidar que los criterios sean objetivos, transparentes y constitucionalmente sólidos, de lo contrario, una buena intención podría convertirse en una fuente interminable de litigios, pero incluso ese riesgo jurídico no debería eclipsar el fondo del asunto.
La política del siglo XXI ya no puede medirse únicamente por cuántas mujeres aparecen en una fotografía oficial, debe medirse por cuántas toman decisiones sobre seguridad, presupuesto, desarrollo urbano, agua potable, infraestructura y crecimiento económico.
Porque gobernar un municipio no consiste en cortar listones, consiste en ejercer poder y el poder sigue siendo el espacio donde persisten las mayores resistencias.
Hay otro elemento que vuelve particularmente relevante esta discusión y es si Chiapas concreta un modelo que garantice una representación femenina amplia en las presidencias municipales, el efecto podría trascender sus fronteras como ha ocurrido antes con otras innovaciones electorales, el precedente terminaría siendo observado por congresos estatales, organismos electorales y tribunales de todo el país, lo que hoy parece una apuesta local podría convertirse mañana en un nuevo estándar de la democracia mexicana.
El feminismo democrático lleva años insistiendo en una idea sencilla: la igualdad no se mide por discursos, sino por la distribución del poder, esa es la razón por la que esta propuesta genera tanta conversación. No está discutiendo cuotas simbólicas; está discutiendo quién gobernará las ciudades donde se toman las decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de personas.
La historia política suele recordar a quienes administran el presente, pero son menos frecuentes los gobiernos que modifican las reglas con las que se construye el futuro.
Quizá esa sea la verdadera dimensión de este debate, no saber cuántas alcaldesas tendrá Chiapas en 2027, sino preguntarnos por qué, en pleno 2026, todavía necesitamos explicar que compartir el poder no es un privilegio para las mujeres, sino una condición indispensable para llamar democracia a una democracia.
