A una década de la Alerta de Violencia de Género, las fallas institucionales perpetúan la violencia feminicida
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
A 10 años de su implementación en Chiapas, la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) se ha consolidado como una herramienta insuficiente para contener la
escalada de violencia feminicida. Pese a mantener su vigencia de forma ininterrumpida
desde noviembre de 2016, los esfuerzos estatales y federales naufragan frente a la
burocracia, la lentitud institucional y la falta de respuesta rápida para proteger la vida de
las niñas y mujeres en la entidad.
De acuerdo con el monitoreo de colectivas feministas, entre enero y julio de este año se
documentaron al menos 26 feminicidios en el estado, lo que representa un incremento
superior al 20 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. La
tendencia al alza se hizo explícita desde los primeros meses: solo entre enero y febrero de
2026 se registraron siete asesinatos por razones de género incluido el caso de una niña de
tres años, lo que significó un repunte del 133 por ciento respecto al primer bimestre de
2025.
La activista Claudia Ednita Montoya Guerrero ha señalado de manera categórica que los
protocolos vigentes no están respondiendo a la magnitud ni a la urgencia del problema.
Las fallas operativas se concentran en las puertas de entrada al sistema de justicia y
asistencia pública.
Dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), la integración de una sola denuncia por
violencia de género puede tomar entre tres y cinco horas. Este retraso burocrático no solo
revictimiza a quien acude a pedir ayuda, sino que pospone de manera crítica la emisión de
medidas de protección urgentes y el acceso a servicios médicos y psicológicos inmediatos.
A esto se suma el deficiente funcionamiento de la línea telefónica de emergencias 911,
señalada por no ofrecer la capacidad de respuesta ni la celeridad que exigen las
situaciones de riesgo inminente.
La AVGM abarca formalmente a siete municipios prioritarios de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez,
San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Tonalá y
Villaflores, además de incluir un esquema de medidas específicas para 17 demarcaciones
de la región de los Altos, sin embargo, la cobertura geográfica no se ha traducido en un
blindaje efectivo para la población femenina.
Las Alertas de Violencia de Género surgieron en el marco legal mexicano en 2008 como
mecanismos extraordinarios para hacer frente a contextos de violencia extrema, aunque
sus primeras declaratorias comenzaron a ejecutarse en 2015. El instrumento contempla la
asignación de recursos federales destinados a reforzar las políticas públicas de prevención,
seguridad y justicia en las entidades bajo declaratoria.
Para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México
asignó cuatro millones 716 mil 414 pesos para financiar las acciones derivadas de la alerta en territorio chiapaneco, por su parte, el Gobierno del Estado aportó una contraparte de
378 mil 560 pesos. Para las organizaciones de la sociedad civil, este monto resulta
desproporcionado e insuficiente ante las dimensiones territoriales y operativas necesarias
para garantizar la seguridad de las mujeres en la entidad.
El Informe sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta un total de 315 feminicidios en todo el
país. Un preocupante 34 por ciento del total de los casos se concentra en tan solo cuatro
entidades: Sinaloa, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, que conjuntamente
suman 107 víctimas.
Para las organizaciones sociales y activistas de derechos humanos, mantener la Alerta de
Violencia de Género como una simple declaratoria administrativa no basta.
Denunciaron retrasos en trámites burocráticos de hasta cinco horas, fallas en la línea 911 y un presupuesto escaso que agravan la crisis de impunidad
