La iniciativa, impulsada por las diputadas Marcela Castillo y Faride Abud, busca frenar la guerra sucia y garantizar el sufragio libre de agresiones para mujeres
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En una sesión extraordinaria cargada de simbolismo y urgencia política, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó una reforma trascendental al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece la violencia política contra las mujeres en razón de género como una causal para anular una elección. La iniciativa, presentada por las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, y defendida en tribuna por Castillo y su compañera Faride Abud García, marca un antes y un después en la lucha por la igualdad sustantiva y la erradicación de la agresión política en la entidad.
La reforma, que fue aprobada por el pleno presidido por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, no solo incorpora la violencia de género como causal de nulidad electoral, sino que también establece que, en caso de que se decrete la nulidad, ni la persona ni el partido político que ejerció la violencia podrán participar en la elección extraordinaria que se convoque. Esta disposición, de gran calado jurídico y político, pretende desincentivar el uso de la violencia como estrategia para obtener el poder y garantizar que las mujeres puedan participar en la vida pública en condiciones de libertad, seguridad y equidad.
“UNA ELECCIÓN QUE SE GANA VIOLENTANDO A UNA FÉMINA SE INVALIDA”
La diputada Marcela Castillo Atristain, visiblemente emocionada, encabezó los argumentos a favor de la iniciativa desde la tribuna del Congreso. En un discurso que resonó en el recinto y que fue seguido por miles de personas a través de las redes sociales, Castillo sentenció: “Una elección que se gana violentando a una mujer no se gana, se invalida. Porque la violencia contra una mujer jamás puede convertirse en una estrategia para ganar una elección. Porque si para ganar una elección hay que violentar a una mujer, pierde la democracia”.
La legisladora morenista recordó que la iniciativa, presentada el 28 de mayo de 2026, fue el resultado de un trabajo en equipo con su compañera Elvira Catalina Aguiar Álvarez, y subrayó que “las cosas que verdaderamente trascienden se tienen que hacer con la voz de todas y de todos”.
Castillo Atristain no dudó en calificar la violencia política como un problema estructural que sufren las mujeres que se atreven a participar en la vida pública. “Cada vez que las mujeres alzan la mano para participar en una contienda electoral, atentan contra su integridad, contra su persona, y no cuestionan solamente su trabajo al frente de un cargo público. Y eso es violencia política en razón de género”, afirmó. La diputada explicó que esta violencia no solo lastima a la persona, sino que vicia la elección entera, la voluntad popular y, en última instancia, la democracia.
ARGUMENTOS Y AGRADECIMIENTOS: UN RECONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD CIVIL
En su extensa intervención, la diputada Castillo dedicó un espacio especial para agradecer a las mujeres y organizaciones que hicieron posible esta reforma. Mencionó a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Magali Arellano Córdoba; a la doctora María Magdalena Vila Domínguez, consejera de la Judicatura; a la Red de Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare); al magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén; y al Colectivo 50+1, entre muchas otras.
“Recuerdo que, desde hace muchos meses atrás, junto con mis compañeras, arrastrábamos el lápiz en la sede del Tribunal Electoral, sobre todo con la experiencia de cada una de las mujeres y el acompañamiento que nos dieron para poderlo lograr”, compartió Castillo, evidenciando el largo proceso de gestación de la iniciativa.
La diputada Faride Abud García, quien también participó en la discusión, enfatizó la necesidad de que las mujeres sean garantes del éxito de otras mujeres. “A veces la primera barrera que enfrentan las mujeres son las propias mujeres”, señaló Abud, haciendo un llamado a la sororidad y al respeto de los derechos de todas. Abud García, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, destacó que esta reforma es fundamental para que las mujeres puedan ocupar cargos de elección popular sin temor a ser víctimas de agresiones.
UN PRECEDENTE NACIONAL: LAS ELECCIONES DE ILIATENCO Y ATLAUTLA
La iniciativa no surge de la nada, como lo señaló la propia diputada Castillo, la propuesta se fundamenta en precedentes jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En particular, se retomaron dos casos emblemáticos: la nulidad de la elección municipal de Iliatenco, Guerrero, resuelta en el expediente SCM-JRC-225/2021, y la nulidad de la elección municipal de Atlautla, Estado de México, resuelta en los expedientes ST-JRC-227/2021 y SUP-REC-2214/2021.
Estos precedentes sientan las bases para que, a nivel local, Chiapas pueda contar con una herramienta legal contundente para combatir la violencia política de género. La reforma al artículo 103 de la ley local busca, precisamente, armonizar el marco jurídico estatal con los criterios de la más alta autoridad electoral del país.
CONTEXTO DE VIOLENCIA Y URGENCIA ELECTORAL
La aprobación de esta reforma llega en un momento crítico para Chiapas; un estado que se prepara para los comicios de 2027, en los que se elegirán 123 ayuntamientos y 40 diputaciones locales, ha sido escenario de múltiples denuncias de violencia política contra las mujeres. La diputada Castillo fue enfática al señalar que esta reforma “se tenía que llevar a cabo para que pudiera aplicarse en los comicios del 2027”.
La violencia, como lo denunció la legisladora, no solo se manifiesta en agresiones directas, sino también en campañas de desprestigio y guerras sucias que influyen en el electorado. “El electorado se ve influenciado por las campañas de desprestigio y de guerras sucias”, afirmó Castillo, quien incluso mencionó casos en los que se han colocado bardas cerca de las casillas para hacer campaña sucia contra las candidatas.
REACCIONES Y EXPECTATIVAS
La reforma ha sido celebrada por organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos, que ven en esta medida un avance significativo para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. La diputada Castillo concluyó su intervención con un mensaje de esperanza para las futuras generaciones: “Se trata de que nuestras hijas, nuestras hermanas y nuestras compañeras puedan soñar con gobernar sin tener que cargar con el peso de la violencia”.
Con esta reforma, Chiapas se coloca a la vanguardia en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, enviando un mensaje claro a todo el país: la violencia política de género no será tolerada y quien la ejerza pondrá en riesgo no solo su candidatura, sino la validez de toda una elección. La diputada Castillo lo resumió de manera contundente: “Entre más participamos, más vulnerables nos hacemos. Y si no reforzamos los sistemas jurídicos, entonces, ¿para qué estamos pidiendo que las mujeres participen más si no les estamos dando las herramientas jurídicas para hacerlo?”.
El reto ahora será la implementación y la aplicación efectiva de esta ley, así como la capacitación de las autoridades electorales y los partidos políticos para erradicar la violencia de las contiendas. Por ahora, el Congreso de Chiapas ha dado un paso histórico que, sin duda, marcará el rumbo de la democracia en la entidad.
