Campesinos pidieron que los gobiernos federal, estatal y municipal revisen el caso de Los
Chimalapas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Campesinos de varias comunidades de Cintalapa salieron a marchar para pedir ayuda a las
autoridades ante el temor de ser desalojados de las tierras que ocupan desde hace años, los
habitantes aseguran que comuneros de San Miguel Chimalapa les han pedido dejar esos terrenos
y por eso buscan que los gobiernos federal, estatal y municipal intervengan antes de que el
conflicto crezca.
El problema afecta a comunidades de la zona noroeste de Cintalapa, entre ellas Díaz Ordaz,
Rodulfo Figueroa, Flor de Chiapas y Felipe Ángeles, donde los habitantes detallaron que existe una
disputa por las tierras que ocupan, para los campesinos la preocupación es qué pasará con sus
casas, sus parcelas y el trabajo que han hecho durante años si reciben una orden para salir de esos
terrenos.
El conflicto por esta zona lleva varios años y ha involucrado a comunidades de Chiapas y Oaxaca,
en 2012 el Gobierno federal registró 47 mil 115 hectáreas relacionadas con la disputa y señaló que
había 128 pequeñas propiedades con documentos de propiedad, además de 42 casos que todavía
estaban pendientes de resolver, por eso los habitantes piden que las autoridades revisen cada
caso y aclaren quién tiene derecho a las tierras.
La preocupación aumentó en las últimas semanas por las advertencias que, según los habitantes,
han recibido de comuneros de San Miguel Chimalapa para que abandonen algunos terrenos, en
Gustavo Díaz Ordaz, ante ello, pobladores denunciaron que más de 400 personas viven con temor
por esta situación, puesto que, denunciaron, han recibido amenazas y no saben qué ocurrirá con
las tierras donde tienen sus viviendas y cultivos.
Los campesinos pidieron que las autoridades atiendan el conflicto antes de que haya nuevos
enfrentamientos y que se revise la situación de cada comunidad, lo que buscan es una respuesta
que les permita saber si pueden seguir en sus tierras y trabajar en ellas sin temor a ser
desalojados, mientras tanto, las familias de esta zona esperan que el problema se resuelva por la
vía legal y que no termine en otro conflicto entre comunidades.
Han recibido amenazas y no saben qué ocurrirá con las tierras donde tienen sus viviendas y
cultivos
