El reanálisis de miles de comunicaciones puso sobre la mesa el uso posterior de
teléfonos pertenecientes a los 43 normalistas
PORTAVOZ/AGENCIAS
En el marco del 12 aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la
Fiscalía General de la República (FGR) presentaron avances clave en la nueva
investigación del caso Ayotzinapa y los hechos ocurridos en Iguala.
Tras descartar científicamente la denominada “verdad histórica” que pretendía
sostener que todos los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, las
autoridades federales informaron que las nuevas pesquisas se articulan a partir de
pruebas de georreferenciación y el análisis de redes de comunicación entre la
delincuencia organizada, corporaciones policiales y administradores de servicios
funerarios.
LA RED DE FUNERARIAS E IRREGULARIDADES EN EL SEMEFO DE IGUALA
Durante la conferencia de prensa, el fiscal Mauricio Pazarán, titular de la Unidad
Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), detalló que la
principal línea de investigación sobre el Semefo profundiza en un esquema de
irregularidades detectado en Iguala.
En este entramado, el propietario de la funeraria “El Ángel”, uno de los lugares
investigados actualmente, presuntamente contaba también con la concesión para
operar el Semefo y la administración del crematorio local.
Durante las actuaciones, las autoridades localizaron certificados de defunción
firmados y sellados en blanco, además de identificar que la noche de los hechos
existieron comunicaciones telefónicas entre personal de la funeraria y del Semefo
con integrantes de la delincuencia organizada señalados de participar en la
desaparición de los estudiantes, así como con personas del sector salud.
Por ejemplo, del reanálisis de telefonía realizado por la UEILCA se identificó
interacciones directas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014
entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos incluidos los presuntos
líderes con los alias “El Chucky”, “El Gaby” y “El Gusano” y el empresario Rodolfo N.
(Rodolfo Rueda Mazón), dueño de la Funeraria “El Ángel” y Funerales Económicos
Rueda en Iguala.
El rastreo de llamadas reveló que Rodolfo N. sostuvo a su vez ocho comunicaciones
durante esa misma madrugada con Irving N., entonces estudiante y colaborador del
establecimiento, quien también registró llamadas directas con los mismos mandos
de Guerreros Unidos.
Las investigaciones cuentan con declaraciones de tres testigos, entre ellos el testigo
con clave “Neto”, quien declaró que las bolsas eran trasladadas al punto del Semefo
y que la operación posterior sobre los restos correspondía a los elementos de la
funeraria.
Como resultado de estas actuaciones, la FGR obtuvo 20 órdenes de aprehensión,
ejecutando la detención de Rodolfo Rueda Mazón, su hijo Rodolfo Rueda, policías municipales y colaboradores del establecimiento funerario por sus nexos con la organización criminal.
RASTREO TELEFÓNICO DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
En relación con las comunicaciones, la FGR ha analizado más de 80 mil cruces de
sábanas telefónicas, la información obtenida se contrasta con el expediente para
sustentar acciones penales contra objetivos específicos involucrados en la
desaparición de los estudiantes.
Los datos técnicos presentados en el informe detallan cuatro casos específicos de
teléfonos de estudiantes que registraron un uso posterior.
En el primer caso, correspondiente al estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño, se
identificó que Mauro N., exservidor público en Iguala, utilizó el aparato telefónico
del normalista en el periodo comprendido del 23 al 25 de octubre de 2014 (a casi un
mes de los hechos).
A partir de este elemento objetivo de prueba y diversas declaraciones testimoniales,
el 25 de agosto de 2026 la jueza segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado
de México libró una orden de aprehensión contra Mauro N. por los delitos de
delincuencia organizada y desaparición forzada.
La investigación continúa abierta para identificar a otras personas que hayan hecho
uso del dispositivo, en un segundo caso, el del estudiante Jorge Aníbal Cruz
Mendoza, se identificó que su dispositivo telefónico fue utilizado el 30 de
septiembre de 2014 por un policía municipal de Iguala. Posteriormente, el mismo
teléfono fue operado por la pareja sentimental de dicho agente, las pruebas
confirmaron que este policía municipal laboró activamente la noche del 26 y la
madrugada del 27 de septiembre de 2014, lo que lo relaciona directamente con la
posesión del teléfono del estudiante y su posible participación en la detención y
desaparición.
En un tercer caso, se hizo referencia a la línea de Israel Caballero Sánchez, cuyo
equipo celular fue activado con posterioridad a su desaparición y utilizado por la
esposa de un exservidor público municipal adscrito a la Barandilla de Iguala que se
encontraba en funciones el día de los hechos.
El rastreo de este aparato reforzó de manera directa la línea de investigación sobre
el traslado y permanencia de parte de los normalistas en las instalaciones de la
Barandilla municipal.
Finalmente, al estudiar la línea telefónica del estudiante Julio César Mondragón
Fontes, en agosto de 2025 el reanálisis telefónico reveló que Rodolfo N. (propietario
de la funeraria El Ángel y operador del Semefo de Iguala) utilizó el equipo telefónico
del normalista el cuatro de octubre de 2014.
La ubicación de este teléfono en manos del empresario funerario fortaleció los
indicios contra el personal de las funerarias, lo que derivó en el cateo a la funeraria
El Ángel en octubre de 2025 y en la posterior vinculación a proceso de los
implicados.
PROCESOS PENALES A EXSERVIDORES PÚBLICOS, ARCHIVOS DE SEDENA Y ATENCIÓN A FAMILIAS
Respecto a la responsabilidad de exfuncionarios federales, el subsecretario de
Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, informó que se mantienen procesos
penales contra cinco exservidores públicos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el extitular Jesús Murillo Karam y Gualberto N., exdirector del área de secuestros.
En cuanto a la solicitud de las familias para revisar los folios de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), la Segob confirmó que, tras una revisión minuciosa
ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, se determinó que la
dependencia militar ya había entregado toda la información disponible en sus
archivos.
Finalmente, aseguró que la revisión de las líneas celulares y las inspecciones a los
servicios funerarios serán parte de los cinco objetivos prioritarios de la nueva
estrategia.
Finalmente, en el rubro de atención a las familias, las autoridades federales
aseguraron que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido ocho reuniones
directas con las madres y padres de los 43 normalistas.
A estos encuentros se suman 12 reuniones de trabajo encabezadas por la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la secretaría técnica de
la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) y el fiscal del caso.
Las recientes pesquisas se articulan a partir de pruebas de georreferenciación y el
análisis de redes de comunicación entre la delincuencia organizada, corporaciones
policiales y administradores de servicios funerarios
