Pasó de tener 19 mil 592 espacios disponibles en diciembre de 2018 a registrar un déficit de 45 mil
096 lugares en agosto de 2026
PORTAVOZ/AGENCIAS
Durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros 23 meses de la
administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aumentó la población penitenciaria en el
país y el número de centros con sobrepoblación.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre diciembre de 2018
y agosto de 2026, la población privada de su libertad en México se incrementó 39.14 por ciento,
mientras que la capacidad de alojamiento en las cárceles del país aumentó 5.89 por ciento.
El sistema penitenciario pasó de tener 19 mil 592 espacios disponibles en diciembre de 2018 a
registrar un déficit de 45 mil 096 lugares en agosto de 2026.
En ese lapso, el número de centros penitenciarios con sobrepoblación en México se incrementó de
103 a 158.
En diciembre de 2018, primero del Gobierno del presidente López Obrador, había una población
privada de la libertad de 197 mil 988 personas, cifra que se incrementó a 275 mil 497 en agosto de
2026, casi al final del segundo año del Gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo; eso significa un
incremento en la población penitenciaria del país en ese lapso de 39.14 por ciento.
En diciembre de 2018 los centros penitenciarios tenían capacidad para 217 mil 580 presos y para
agosto de 2026 esa cifra se incrementó a 230 mil 401 espacios, esto significa que la capacidad
aumentó 5.89 por ciento.
El crecimiento absoluto de la población penitenciaria registrado durante los primeros 23 meses del
Gobierno de Sheinbaum Pardo, superó el aumento acumulado durante el sexenio de López Obrador.
En diciembre de 2018, cuando inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la
población penitenciaria en el país era de 197 mil 988 personas; para septiembre de 2024, el último
mes de su mandato, la cifra se incrementó a 234 mil 514 personas.
Para agosto de 2026 la población penitenciaria se elevó a 275 mil 497, es decir 40 mil 983 más que al
inicio de su administración.
Eso quiere decir que durante los primeros 23 meses del Gobierno de la presidenta, Claudia
Sheinbaum el número de personas en prisión se incrementó 40 mil 983, mientras que en todo el
sexenio del presidente López Obrador el aumento fue de 36 mil 526.
Esa dinámica se refleja en los registros de sobrepoblación carcelaria y en diciembre de 2018 había 103
penales con sobrepoblación; para septiembre de 2024 eran 121, 18 más que al inicio del sexenio, y
para agosto de 2026 sumaban 158, 37 más que en septiembre de 2024.
Aunque en diciembre de 2018 había 103 centros penitenciarios con sobrepoblación, la capacidad
agregada del sistema nacional superaba en 19 mil 592 lugares el número total de personas privadas
de la libertad.
HUIXTLA ENCABEZA LA SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA CON 640 POR CIENTO
De los 261 centros penitenciarios estatales que actualmente hay en el país, los que tienen mayores
problemas de sobrepoblación son el de Huixtla, Chiapas, con 640 por ciento y el de Zumpango, Estado
de México, con 590 por ciento, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
También sobresalen los casos de los penales de Bucerías, Nayarit, con 470 por ciento; el de Jojutla,
Morelos, con 425 por ciento, y el de Chalco, Estado de México, con 400 por ciento de sobrepoblación.
En todo el país hay ocho penales que superan el 300 por ciento de sobrepoblación y 16 que superan
el 200 por ciento de sobrepoblación.
El Estado de México cuenta con 21 centros penitenciarios, de los cuales 16 tienen sobrepoblación y de
ellos destacan, además de los de Zumpango y Chalco que ya se mencionaron, el de El Oro, con 332.14
por ciento; Tlalnepantla, con 284 por ciento; Jilotepec, con 246.72 por ciento y Cuautitlán, con 217.89
por ciento.
Si la sobrepoblación se calcula para el conjunto del sistema penitenciario de cada entidad, los de 20
entidades federativas tienen sobrepoblación, en este caso, destacan Nayarit con 248 por ciento de
sobrepoblación, Estado de México, con 137.16 por ciento y Morelos, con 113.87 por ciento.
En todo el país existen 261 centros penitenciarios estatales que en conjunto tienen capacidad para
alojar a 202 mil 201 personas; sin embargo, actualmente están retenidas en esos lugares 254 mil 320
personas, lo que representa una sobre población de 25.78 por ciento.
Todas las entidades federativas tienen al menos dos penales y las que tienen más son Estado de
México, con 21; Veracruz, con 17 y Puebla, con 16.
Por población penitenciaria destacan el Estado de México, con 38 mil 681 personas privadas de su
libertad; Ciudad de México, con 27 mil 685 y Sonora, con 16 mil 722.
La sobrepoblación en los penales ha sido una preocupación desde hace varios años; sin embargo, en
los últimos días adquirió notoriedad en la conversación pública, debido a que el 23 de septiembre de
2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a diversas autoridades del Estado de México
adoptar medidas estructurales que permitan atender las condiciones actuales de sobrepoblación y
hacinamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca.
El asunto tuvo origen en un juicio de amparo promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la
Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, en el que se reclamó
la falta de medidas suficientes para atender las condiciones en las que se encuentran las personas
privadas de la libertad.
Cuando se presentó la demanda, en 2021, el centro penitenciario contaba con mil 834 espacios y
alojaba a cinco mil 116 personas; lejos de disminuir, la problemática se agravó, por lo que, para
noviembre de 2025, el número de personas privadas de la libertad había aumentado a cinco mil 823,
lo que representaba un nivel de sobrepoblación de 217.50 por ciento.
Para agosto de 2026 ese centro tenía espacio para dos mil 093 internos y mantenía presas a seis mil
205 personas, de las cuales cinco mil 458 estaban procesadas por delitos del fuero común y 747 del
fuero federal.
Eso significa que albergaba cuatro mil 112 internos por encima de su capacidad y una sobrepoblación
de 196.46 por ciento.
Al analizar el fondo del asunto, la SCJN señaló que el Estado ocupa una posición especial de garante
frente a las personas privadas de la libertad y, en consecuencia, está obligado a asegurar que sus
condiciones de internamiento sean compatibles con la dignidad humana.
El Máximo Tribunal señaló que el hacinamiento puede afectar diversos derechos, entre ellos, la
integridad personal, la salud física y mental, la alimentación, el agua, los servicios sanitarios y el
trabajo, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ESPECIALISTA ADVIERTE IMPACTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
Al respecto, el experto en criminología, Enrique Zúñiga Vázquez destacó que, al menos en parte, el
incremento de la población en los penales del país se explica por la entrada en vigor de la reforma
constitucional de 2019 que amplió considerablemente el catálogo de delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa.
El también autor del libro “La Pelea por los Infiernos”, en el que analiza el peso específico que tienen
las prisiones en el sistema criminal del país, mencionó que la medida ha sido controvertida.
En julio de 2024, el Pleno de la SCJN informó que tenía pendientes diversos asuntos relacionados con
el análisis de convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Para el especialista si bien desde una perspectiva punitiva podría considerarse positivo que más
personas sean llevadas a prisión, el aumento representa un fracaso porque, a su juicio, evidencia la
preponderancia de la respuesta punitiva del Estado.
Dijo que es una situación preocupante porque no se trata de delincuentes en abstracto, sino de
personas cuya dignidad debe ser respetada; asimismo, destacó que la sobrepoblación en los centros
penitenciarios afecta gravemente las posibilidades de lograr una verdadera reinserción social.
Zúñiga Vázquez señaló que, además de la sobrepoblación penitenciaria, debe atenderse el
hacinamiento en prisiones.
Explicó que un penal puede tener un número de internos equivalente a su capacidad total y, aun así,
registrar hacinamiento debido a una administración desigual de los espacios, de manera que algunas
personas permanezcan en áreas saturadas mientras otras dispongan de mayor espacio y privacidad.
Existe capacidad para alojar a 202 mil 201 personas; sin embargo, actualmente están retenidas 254
mil 320, lo que representa un excedente de 25.78 por ciento


































