}Habitantes de Altamira La Providencia señalan presiones durante una diligencia por disputa de tierras
FRANCISCO BACILIO/PORTAVOZ
En el municipio de Huixtla, habitantes denunciaron presuntos actos de intimidación por parte de elementos policiacos durante una diligencia relacionada con el conflicto agrario que enfrenta la comunidad desde hace décadas, ante ello, los pobladores exigieron que la fuerza pública no sea utilizada para presionarlos y que cualquier procedimiento se realice conforme a la ley.
Los hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2026, alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando un actuario llegó a la entrada del poblado acompañado de una mujer, quien presuntamente pretendía ingresar para realizar mediciones en el lugar. De acuerdo con los habitantes, no recibieron una notificación previa, aunque el funcionario sostuvo que sí se les había informado.
La inconformidad aumentó por la presencia de policías durante la diligencia, según los pobladores, los uniformados mantuvieron una actitud intimidatoria y tres habitantes fueron amenazados con enfrentar una demanda por impedir el acceso a la comunidad, ante ello, solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y evitar nuevas confrontaciones.
El conflicto territorial tiene antecedentes que se remontan a 1981, cuando, según testimonios publicados el 31 de julio de 2013, familias campesinas comenzaron a ocupar terrenos que consideraban propiedad de la nación.
Los habitantes afirmaron que solicitaron la dotación de tierras conforme a la entonces vigente Ley Federal de Reforma Agraria, pero sus demandas no recibieron respuesta.
En esa misma denuncia, los pobladores señalaron que las políticas gubernamentales de compra de terrenos agravaron las diferencias entre grupos campesinos; mencionaron los predios San Clemente, Belén I y Belén II, adquiridos por la Secretaría de la Reforma Agraria, que, de acuerdo con su versión, se convirtieron en parte de la disputa territorial.
Las quejas sobre la actuación de fuerzas de seguridad también se han presentado en otros puntos de Huixtla; el 31 de octubre de 2024, vecinos de la avenida González Ortega y la calle Francisco Zarco denunciaron que más de 10 elementos del Ejército Mexicano revisaron una camioneta blanca tipo Suburban sin mostrar, según los testigos, una orden de cateo.
Los militares habrían abierto las puertas y causado daños en el interior del vehículo; después de no encontrar objetos de interés, se retiraron sin llevarse pertenencias.
El 20 de junio de 2025, cuatro policías municipales fueron separados de sus cargos tras ser acusados de despojar de pertenencias y dinero en efectivo a un detenido en los pasillos de la cárcel preventiva. Autoridades de la corporación confirmaron la medida, adoptada por instrucción del presidente municipal, Régulo Palomeque Sánchez, luego de que un ciudadano señalara a los agentes como presuntos responsables del robo; aunque se trata de hechos distintos, estos antecedentes contextualizan las inconformidades ciudadanas relacionadas con la actuación de fuerzas de seguridad en Huixtla.
Por los hechos recientes, los habitantes de Altamira La Providencia insistieron en que las diligencias vinculadas con el conflicto agrario deben cumplir los requisitos legales, contar con las notificaciones correspondientes y desarrollarse sin intimidaciones.


































